También pueden optar por dejar las cosas como están hasta ahora, con cuotas obligatorias de valenciano en Matemáticas, Historia… en definitiva, en el conjunto de áreas de la enseñanza.
En cualquier caso, el Gobierno autonómico de Carlos Mazón da por primera vez libertad a los progenitores, lo que ha suscitado reacciones de apoyo y de rechazo entre la comunidad educativa, según el posicionamiento de unos y otros frente a la controvertida inmersión lingüística de las dos anteriores legislaturas con Ximo Puig al frente de la Generalitat, en coalición con Compromís y sus políticas de sustitución progresiva y forzada del castellano por el valenciano.
Entre quienes aplauden esta iniciativa ahora en sentido contrario, con el plazo inicial del 23 de febrero en estas zonas de predominio castellanohablante, se encuentra la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística (PDLL), que «anima a los miembros de los Consejos Escolares a cambiar los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) para dar más asignaturas en español», con ese matiz de que «en cualquier caso, los alumnos podrán seguir estudiando valenciano en la asignatura lingüística correspondiente», en la línea de lo que garantizó el conseller de Educación, José Antonio Rovira.
Igualmente, Idiomas y Educación han lanzado la misma recomendación de cambiar el PLC con la denominada «opción B» para que el estudiante pueda aprender «en su lengua materna», tras conocer que la Conselleria ha enviado una circular a los centros de las zonas castellanohablantes.
No obstante, se muestran escépticos y críticos con que la decisión la adopten en el órgano de representación previsto en cada colegio e instituto. «La asociación de padres y profesores defiende que cualquier aspecto relacionado con la lengua vehicular debe ser elegidopor los padres. Los consejos escolares no son representativos, no tienen vela en este entierro. Y lo peor es que se trata de un órgano infecto, con gran peso de profesores que han conseguido sus puestos de trabajo a través del chantaje que supone el requisito lingüístico», han subrayado.
En el lado opuesto, el sindicato de profesores STEPCV «anima a la comunidad educativa de los centros afectados a que no se dejen presionar por la Administración y que mantengan el uso vehicular del valenciano en sus centros», ya que así se garantiza -según su análisis- «un modelo plurilingüe integrador».
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