En su valoración de rechazo frontal a estas primeras medidas -incluso antes de ser publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)- esta entidad las tilda en su web de «un nuevo ataque a los valencianohablantes y un paso más para reducir el uso del valenciano».
La Plataforma per la Llengua recibe subvenciones de la Generalitat de Cataluña que preside Pere Aragonès y en las dos anteriores legislaturas, también del Ejecutivo del socialista valenciano Ximo Puig, a quien ahora tiene palabras de reproche por no haber ido más lejos en materia idiomática en la Educación: «Lamentamos que la acción insuficiente del Botànic para blindar el valenciano en las aulas haya permitido este nuevo paso adelante contra la lengua, que se enmarca en un proceso de genocidio lingüístico y cultural».
Según su análisis de la reforma de la controvertida Ley de Plurilingüismo, que Mazón ha suspendido en varios apartados, «la lengua [valenciana] perderá peso tanto en las comarcas de predominio lingüístico castellano, donde será optativa, como en las comarcas valencianohablantes, en las que las familias podrán decidir que el castellano es la lengua mayoritaria de la escuela de los niños».
En definitiva, la ONG del catalán -tal como se autodefine esta entidad- se opone a la libertad de elección de madres y padres para la lengua vehicular en la que aprenden sus hijos el resto de materias.
Finalmente, entre las novedades introducidas está el fin de la exención del valenciano como asignatura de lengua en las zonas de predominio castellanohablante, tal como había anunciado el conseller de Educación, José Antonio Rovira, lo que desmiente la alerta de la Plataforma per la Llengua sobre que será «optativa».
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