Las universidades públicas valencianas piden una ley que oficialice el catalán y obligue a su conocimiento

Las universidades públicas exigen, asimismo, una nueva normativa autonómica que establezca «el derecho de conocimiento pasivo de la lengua propia» en el ámbito privado, que el valenciano-catalán sea «la lengua vehicular en la enseñanza» y que fije el requisito lingüístico para que «todo el personal de las Admnistraciones públicas valencianas sea competente en las dos lenguas». Un modelo que emula al puesto en práctica tanto en Cataluña como en Baleares .

Estas medidas están recogidas en un documento elaborado por Acció Cultural del País Valencià ( una entidad asociada con los separatistas de Òmnium Cultural ) y cuenta con la colaboración y la adhesión de la Universitat de València, la Universitat Politécnica de València, la Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón.

La propuesta de ley está datada en marzo de 2015, pero sus promotores han reactivado las reuniones de trabajo en la recta final de la legislatura con el objetivo de presionar al Consell que forman el PSPV y Compromís para que abruebe la normativa de «igualdad lingüística» antes de las próximas elecciones autonómicas.

ACPV y las universidades reconocen «avances como el decreto de usos administrativos y el reglamento de la oficina de derechos lingüísticos», pero entienden que la labor en este sentido del Gobierno que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra con el respaldo parlamentario de Podemos ha resultado «insuficiente».

Así, han relanzado la propuesta de «principios básicos y ámbitos de actuación» como base de una ley que persigue «la promoción y extensión del uso» del valenciano-catalán «a todos los ámbitos y, por eso mismo, también derechos y deberes para los ciudadanos y las instituciones».

Estas son las principales propuestas que contempla el documento:

La ley debe asegurar que el valenciano-catalán está «presente y es útil socialmenteme en todos los sectores y campos». Por ello, la nueva norma «debe fijar el conocimiento pasivo universal del valenciano como lengua propia y oficial» . Esta medida afectaría al ámbito privado, como los comercios, las relaciones laborales, los servicios, el consumo y el ocio. Para ello, se persigue que la ley regule la «disponibilidad lingüística en todos los ámbitos no oficiales a través de la competencia al menos pasiva» en valenciano-catalán.

La propuesta firmada por las universidades públicas plantea que la nueva ley ha de establecer «claramente que el valenciano ha de ser la lengua de uso normal y general de las Administraciones Públicas y se ha de utilizar como vehículo normal de trabajo y comunicación con los ciudadanos y con el resto de Administraciones».

El documento exige que se plasme en la ley la obligación de que el valenciano sea la lengua vehicular en el sistema educativo y que su conocimiento sea condición imprescindible para todos el personal de la Administración. Un requisito similar al implantado en Baleares.

El documento plantea que la ley garantice a través de «programas de integración» que el valenciano-catalán sea la lengua que ejerza de «nexo social y de cohesión» con los inmigrantes que vivan en la Comunidad Valenciana. También propone la generalización de la toponimia y la onomástica en valenciano-catalán a través de una «regulación automática con el simple trámite de una instancia de la persona intreresada».

Las universidades públicas reclama que la ley recoja la «equivalencia del valenciano y el catalán» como nombre oficial de la lengua y la «cooperación efectiva con el resto del área lingüística». Esta medida incluye que la ley contemple la recepción en la Comunidad Valenciana de las emisiones de la televisión pública catalana TV3 y de la balear IB3.