Suspendido tres años de empleo y sueldo el criminólogo de Benidorm por «insubordinación»

No obstante, han quedado descartadas otras cuatro acusaciones de supuestas faltas cometidas por este funcionario : «no hacerse cargo de las tareas o funciones que tiene encomendadas el funcionario»; «emisión de informes que causen grave daño a la administración»; «notorio incumplimiento de las funciones inherentes al puesto»; y «no guardar el debido sigilo por razón del cargo o función».

Sí se consideró probada su «desobediencia a un superior », en este caso, la concejal de Bienestar Social, al no presentarse a varios requerimientos porque no disponía de tiempo, según sus alegaciones, que fueron desestimadas.

En la resolución dictada por la Alcaldía -a fecha 31 de julio- a la que ha tenido acceso ABC, se indica que López Díaz sobrepasó «los límites de la corrección» en enero de 2014 y en los meses de mayo y diciembre de 2015, aunque también se confirma que no hubo agresiones físicas y que, en cualquier caso, está prescrito. Cuando a los funcionarios que habían denunciado este trato supuestamente irrespetuoso se les tomó declaración para que concretaran con qué palabras se había dirigido a ellos, no especificaron nada.

Se menciona también un posible delito de usurpación de funciones -tipificado en el artículo 402 del Código Penal- «del cual ya se ha dado traslado al Ministerio Fiscal», según indica el documento.

En su momento, varios empleados del Ayuntamiento elevaron su queja porque López Díaz había desarrollado charlas informativas en institutos de Secundaria para prevenir el consumo de drogas que venían realizándose con anterioridad por sus departamentos, también por la Policía Local.

Estos excesos están relacionadas con la denuncia que realizó el criminólogo en diciembre del año pasado sobre supuestas irregularidades cometidas por colegas suyos de la plantilla del Ayuntamiento en los programas de trabajos a la comunidad vinculados a instituciones penitenciarias. El denominado Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) ha salido en defensa de López Díaz considerando que se le expedienta por haber denunciado a otros funcionarios.

También le consideran víctima de una campaña de «acoso y derribo» por parte del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que en su día presentó un contencioso contra la creación de esta plaza de criminólogo, un puesto inédito para un ayuntamiento de las dimensiones del de Benidorm. Es más, este funcionario se querelló contra el sindicato por injurias, denuncia que fue archivada en febrero de 2016 .