El Supremo obliga a Antifraude a que informe al PP sobre las investigaciones al hermano de Ximo Puig

Así consta en una providencia de 4 de febrero, dada a conocer este martes por el PP, en la que el alto tribunal explica esta inadmisión en que se han incumplido las exigencias de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por falta de justificación de que las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución recurrida.

El pasado mes de junio, el TSJCV estimó la demanda interpuesta por la síndica adjunta del grupo popular en Les Corts, Eva Ortiz , contra la negativa de la Agencia Antifraude a facilitarle los expedientes requeridos. La sala entendió que la negativa de Antifraude vulneraba el derecho a la participación política y entendía que era de aplicación preferente frente a otras normas autonómicas el Reglamento de Les Corts.

A este respecto, hacía referencia al artículo 12 del reglamento que indica que se facilitarán copias de la documentación solicitada por los parlamentarios a través del presidente de Les Corts sin distinguir si esos documentos proceden de órganos ejecutivos del Consell o de órganos independientes de él.

El tribunal tampoco halló obstáculo para dar ese acceso al expediente en el hecho de el PP hubiera presentado querella por la concesión de las subvenciones, ya que hay que distinguir los títulos habilitantes querellante y diputado en ejercicio de su función parlamentaria.

La propia Agencia Antifraude ha señalado en un comunicado que la sentencia no es firme todavía y deriva la decisión a la Sala Especial de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV. Por lo tanto, «habrá que esperar el dictamen de esta instancia judicial que deberá entrar a analizar si ha existido o no infracción de la normativa autonómica e incluso de la jurisprudencia del propio Tribunal Superior de Justicia el cual ya se ha pronunciado determinando que los parlamentarios de les Corts no tenían derecho de acceso cuando requirieron de la Conselleria de Hacienda el plan de control tributario que de acuerdo con la Ley General Tributaria tiene carácter reservado».

«También la Ley 11/2016 que creó la Agencia Valenciana Antifraude estableció, en aras al buen fin de las investigaciones, la confidencialidad y reserva de sus actuaciones de investigación en curso (las resoluciones finales de investigación se publican en su página web), y también la protección de la identidad de los denunciantes que no se puede revelar sin su consentimiento expreso, lo que viene reforzado hoy por la Directiva (UE) 2019/1937 de protección de los whistleblowers», explican en un escrito remitido a los medios.

El proceso se remonta a agosto de 2019 cuando la diputada registró un escrito dirigido al presidente de Les Corts para que le fuera trasladada una copia íntegra del expediente de investigación incoado por la Agencia Antifraude por las ayudas de fomento al valenciano. Amparó su petición en el artículo 12 del Reglamento de la Cámara y en los artículos 1.2 y 5 de la Ley 11/2016 de la Generalitat.

Justificó el requerimiento en la presentación de una denuncia por supuesto falseamiento de contenidos en la justificación de la concesión de ayudas públicas para la promoción del valenciano por parte de las mercantiles Kriol Produccions S.L. y Canal Maestrat S.L, vinculadas a Francis Puig. También pedía la documentación aportada por estas empresas en respuesta a lo solicitado por el órgano inspector.

En octubre de 2019 se obtuvo una respuesta negativa. El presidente de Les Corts trasladó a Ortiz la contestación a su solicitud por parte del director de la Agencia Antifraude y se indicaba que había dos expedientes abiertos y que las actuaciones se encontraban sometidas al deber de confidencialidad y reserva .

De esta forma, Antifraude indicó que dar traslado de estos expedientes, además de poder suponer incumplimiento de la ley autonómica que dispuso la creación y funcionamiento del organismo, pondría en riesgo las subsiguientes actuaciones para esclarecer los hechos o conductas sobre los que existían indicios o elementos de posible fraude o corrupción, en la medida en que pudiera ser conocida y pública. La documentación fue remitida al juzgado de Valencia que instruye la investigación por estas ayudas.

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La diputada Eva Ortiz ha considerado que «alguien tendrá que decir cómo es posible que la Agencia Antifraude vaya en contra de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana» y que ahora el Supremo ha avalado al inadmitir el recurso «porque entiende desde el primer momento que tiene razón esta diputada y su grupo».

Así, ha apuntado que la Agencia Antifraude tiene ahora mismo c inco solicitudes presentadas por el PP , entre ellas, esta que está relacionada con la investigación de las subvenciones al fomento del valenciano y le ha instado a «entregar la documentación lo antes posible3 ya que, en caso contrario, «seguiremos en este proceso tristemente en los tribunales para que haya transparencia en el Gobierno valenciano».

Las restantes tienen que ver, dos de ellas con ayudas de agricultura a estas empresas , otra con la gestión de las residencias durante la pandemia y la quinta con el funcionamiento de la Policía Local en la Comunitat Valenciana, todavía pendiente.

Ortiz ha reprochado que Antifraude «no se puede saltar la Constitución, deben conocerla y saber que ampara derechos fundamentales de los diputados», y ha señalado que han pedido la comparecencia del director de la Agencia, Joan Llinares.

En esta línea, ha recalcado que quieren saber qué es lo que ha hecho Antifraude en el caso de la sanción de Competencia a las empresas vinculadas a Francis Puig por pacto de precios, ya que también se mandó el expediente por este motivo y «curiosamente no vio ningún tipo de situación irregular y lo dejó en stand by». «¿Quién asumirá la responsabilidad?» , se ha preguntado la diputada.

Ortiz ha cifrado en 130 los recursos interpuestos por el PP por denegación de documentación por parte del Consell, que se han agrupado en 70 porque «no van uno a uno» y ha subrayado que todos los que se han resuelto ya han sido a favor de los populares.

Por su parte, el síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, se ha mostrado «muy respetuoso» con las decisiones de los tribunales de Justicia y ha recordado en la rueda de prensa que la Agencia Antifraude se aprobó en la cámara con entonces el voto en contra de los populares, que la llegaron a calificar de «gestapo» .

«Es una agencia que ha recibido todo tipo de menciones y reconocimientos internacionales por su labor y su trabajo pasa por la discreción», ha defendido, y ha añadido que si se le considera por los tribunales como un órgano administrativo más y todos los diputados pueden pedir las investigaciones abiertas, «es una manera de reventar» estos casos .

Por tanto, ha lamentado la «imposibilidad de gestión» que esto va a suponer para la Agencia Antifraude que, a su juicio, «pierde su sentido» y lo ha comparado como si la Policía tuviera la obligación de informar o también la Fiscalía o un tribunal sobre diligencias secretas. Así, ha resumido su opinión: «Es un experimento de mucho calado, creo que era muy bueno para luchar contra la corrupción y creo que alguien lo ha reventado».

«Mi principal función es proteger las investigaciones que se realizan en la Agencia Valenciana Antifraude con independencia de la persona o entidades de que se trate. Si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos se quebraría el procedimiento en sí mismo , en cuanto que todo el personal de la AVAF está sujeto a ese deber de confidencialidad y secreto de sus actuaciones mientras perdura la fase de investigación» ha señalado Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude.

«Desde la Agencia nunca nos hemos opuesto a la entrega de documentación referente al trabajo que llevamos a cabo, pero otra cuestión muy diferente son los expedientes de hechos que están siendo investigados. La entrega de los mismos a los partidos políticos pondría en riesgo el desarrollo de las propias investigaciones, la identidad de las personas que denuncian los hechos o colaboran en la investigación y se destruiría el derecho constitucional a la defensa y a la presunción de inocencia de los investigados», ha añadió Llinares.

Así mismo, desde la Agencia se recuerda que con esta actuación se estaría vulnerando la Directiva Europa 2019/1937 de protección de las personas denunciantes y alertadora de corrupción la cual ha sido invocada por diversos tribunales y la propia fiscalía. En estos momentos se están desarrollando los trabajos de trasposición de la Directiva al ordenamiento jurídico español que deberá entrar en vigor en diciembre de este mismo año.