Anticorrupción estudia los pactos para captar dinero público del hermano de Ximo Puig y sus socios

El PP ha anunciado este lunes que ampliará la denuncia en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 4 de Valencia, que investiga el supuesto fraude en la obtención de subvenciones -alrededor de 1,2 millones de euros- para el fomento del valenciano por parte de las firmas administradas por Francis Puig y los Adell Bover.

La portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz, ha explicado que, además del informe de Competencia, aportarán contratos del Ayuntamiento de Morella desde 1991. «Son un cártel sin ningún tipo de empacho» , ha asegurado. De momento, se contabilizan ayudas de «siete consellerias y dos empresas públicas con facturas falsas, audiencias falsas, nóminas triplicadas» y «amiguetes» que les pasan información.

Del mismo modo, Ortiz ha vuelto a pedir la comparecencia en el parlamento del director general de À Punt, Alfred Costa, para que explique porqué la delegada del ente en Castellón y un asesor jurídico del mismo compartieron «información privilegiada» sobre un concurso público con estas productoras, cuatro meses antes de que se publicara la licitación y «qué ha hecho la televisión pública con estos implicados».

La portavoz adjunta del PP ha detallado que si finalmente se abre otra causa en Castellón, se personarán en ella. En caso de que no fuera así, presentarán una querella con la información que tienen por unos hechos que los populares creen que pueden ser constitutivos de un delito de «tráfico de influencias, negociación prohibida de funcionarios y prevaricación» .

Fue À Punt quien detectó y trasladó a Competencia que Puig y los hermanos Adell Bover habían pactado precios para ganar la gestión de algunas corresponsalías en las comarcas del norte de la Comunidad Valenciana, motivo por el que han sido sancionados con 43.000 euros. Comunicaciones del Ports, propiedad del primero, se retiró del concurso de forma voluntaria, mientras Canal Maestrat y Kriol Comunicacion, de los segundos, fueron excluidas por la propia corporación.

La portavoz adjunta del PP también ha exigido que se paralice la licitación de otro contrato similar al que las empresas sancionadas -Canal Maestrat y Kriol- se han presentado «con la picardía» de cambiar el nombre de la productora, porque «no tenemos ninguna garantía de que ese proceso sea limpio», ya que viene «viciado» por el anterior. Además, su grupo solicitará la creación de una comisión de investigación en las Cortes porque «hay una responsabilidad política » de Ximo Puig, en un asunto que ha calificado como «grave».

«Lo mejor en estos casos es dar la cara», ha apuntado Ortiz, al tiempo que ha señalado que seguirán «aguantando presiones de todo tipo» para «llegar hasta el final»

Además de Francis Puig y Enrique Adell Bover, en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 4 de Valencia también está investigado el director general de Politíca Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, a quién la portavoz popular ha vuelto a pedir que «diga quién le dio la orden» de autorizar estas subvenciones presuntamente fraudulentas «porque no sería justo que pagara quien no tiene la responsabilidad». Al margen de ello pero también relacionado, Trenzano está a la espera de que se fije la fecha del juicio en el que está acusado de falsedad documental , al haber dejado por escrito que sí se realizó un control de estas ayudas por parte de su departamento, aunque supuestamente no fue así.

Al respecto, el síndic del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, ha considerado que Trenzano «se sienta en el banquillo por una cuestión insólita» y «excesiva»: «contestar a una respuesta parlamentaria erróneamente» . Mata cree que la denuncia del PP «acabará en el cesto de los papeles» y que «la honestidad del presidente de la Generalitat está por encima de cualquier cosa». De hecho, el portavoz socialista entiende que los populares se aferran a esta cuestión en un intento de «desgastar» la figura de Puig.

Mata se ha referido a este asunto como un grupo de empresas que «colaboran» en comarcas muy pequeñas y que «es normal que hablen de estas cosas» . El Gobierno valenciano ha actuado con normalidad, ha dicho, y los ha multado por pactar precios, pero ha calificado como un «exceso» que el PP vea ahí otras infracciones porque, en el ámbito penal es un «delito imposible» , ya que los contratos no se efectuaron.

«Todo el mundo llama para preguntar acalaraciones sobre criterios publicados» en las convocatorias públicas, y más en este caso, que era «absolutamente nueva», ha justificado en referencia a las conversaciones de los empresarios con personal de À Punt.

Además, Mata ha incidido en que la información del concurso de las corresponsalías era pública «mucho antes de lo que dice la señora Ortiz», ya que el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación votó en contra de externalizar ese servicio en un primer momento, aunque más tarde el proceso salió adelante.

Por su parte, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó , ha abogado por presionar para que la Admisnitración evalúe si las ayudas que otorga «han servido para algo» tras ser concedidas para evitar casos como el del hermano de Puig. Cantó ha calificado este asunto como «un grandísimo fallo de transparencia» que quiere que se investigue para dilucidar «si es cierto o no» que estas productoras tenían «acceso a información privilegiada».