Rita Barberá deja el PP pero mantiene el acta de senadora

La decisión de Barberá (de la que ha informado la Cope a las cinco de la tarde) supone mantener el aforamiento del que goza por su condición de parlamentaria y pone el punto final a una carrera política en el PP que arrancó en 1976 con su afiliación a Alianza Popular .

De esa forma, su caso permanecerá en el Supremo al ser el único competente para investigarla, por lo que el proceso seguiría su curso normalmente. En un comunicado con su nombre, pero con el membrete de la Oficina de Prensa de la sede del PP, Barberá señala que «es mi interés y deseo el más pronto inicio de las diligencias que den lugar a mi declaración en el menor tiempo posible para el esclarecimiento definitivo de la inexistencia de ilícito alguno».

Barberá apela a los estatutos del PP para mantener su escaño, ya que no se ha abierto juicio oral contra ella. Con todo, ha optado por dejar la formación para evitar el desgaste que supone su situación judicial en plena campaña de las elecciones vascas y gallegas y ante el bloqueo político que impide la gobernabilidad en España.

Ciudadanos, de hecho, ha marcado como condición para mantener el respaldo a Mariano Rajoy en una nueva sesión de investidura, la marcha de Barberá.

Barberá fue designada senadora territorial por las Cortes Valencianas en julio del pasado año, por lo que su mandato -paralelo a la legislatura autonómica- expiraba en 2019. Sin embargo, a pesar que fue elegida por el cupo del PP, pasará a los no adscritos al causar baja en la formación.

En un comunicado público, Barberá ha expresado su voluntad de no dimitir del Senado y de permanecer en él, «tal como me ampara la Ley porque de lo contrario podría entenderse como una asunción de culpabilidad».

Barberá explica que con su baja en el partido, « además de dar una muestra más de mi entrega a él , evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales».

La senadora finaliza su comunicado señalando que «seguiré trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional que la mayoría deseamos ».

Mientras Barberá sigue aforada, el Juzgado de Instrucción número dieciocho de Valencia sigue adelante con la causa por blanqueo de capitales en la que están investigados nueve de los diez concejales del PP en el Ayuntamiento de la capital del Turia.

Su situación se encuentra a la espera de si, como parece, el magistrado decide abrir juicio oral. Pero éste no podrá tomar una decisión hasta que no finalicen las diligencias que restan por practicar en la ampliación de la causa a delito electoral. Concretamente, las declaraciones a lo largo de este mes del exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau ; el que fuera administrador de la candidatura del PP para las elecciones municipales de 2011, José Antonio Moscardó , después de que el PP lo identificara con un escrito al juzgado; el exalcalde de Moncada y exvicesecretario de organización del partido en la provincia, Juan José Medina ; y el asesor municipal Alejandro Fernández Checa .

Después de estas comparecencias, el magistrado tendrá que decantarse por seguir citando a más cargos populares o no, en función del grado de implicación que considere que pudieran tener en la supuesta financiación ilegal del partido. Aún así, según fuentes próximas al caso, parece que el número de imputados no aumentará y se dará por finalizada la instrucción , con lo que la causa se transformaría en procedimiento abreviado. Por lo tanto, los plazos para la decisión sobre los ediles dependerían de estos próximos pasos.

Desde la dirección regional entienden que Génova ni siquiera esperará al posible juicio ora l, sino que resolverá antes el expediente informativo que les mantiene abierto tras la suspensión de militancia a petición propia el pasado marzo. Aunque los concejales han mantenido el acta ( continúan como independientes ) y la resolución depende de la dirección nacional, la líder del PPCV, Isabel Bonig , mantuvo su posición de expulsarlos. Así lo hicieron constar en un informe remitido a la dirección nacional (después de que se les pidiera la renuncia y se negaran) en el que exponían la necesidad de imponer una sanción por desobediencia a una directriz del partido, lo que conllevaría la expulsión.

Los populares valencianos confían, de este modo, en que se les dé el espaldarazo definitivo a esta postura de forma casi inmediata. Será entonces cuando los ediles tengan que decidir si mantienen el acta y pasan a ser no adscritos o si se marchan del Consistorio.