PSPV y Compromís suspenden a sus cargos investigados por el caso Imelsa

Quedan pendientes de recibir citación vicepresidente segundo de la Diputación, Antonio Gaspar (PSPV-PSOE); y al dirigente de Iniciativa del Poble Valencià y de Compromís, Emili Mira . Cuando la reciban también serán apartados de sus cargos orgánicos cautelarmente.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig , suspenderá cautelarmente de militancia de los cargos socialistas investigados y les retirará sus cargos . Compromís tomará la misma medida.

Tanto Puig como la líder de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra , han recalcado que confían la inocencia de sus compañeros de partido y no saben los motivos por los que han sido citados por la Guardia Civil.

Al respecto, sostiene que «no es lo mismo robar que cometer errores administrativos en las contrataciones» .

El PP en la Diputación de Valencia ha reclamado a los diputados citados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a declarar como investigados por el caso Imelsa a que " sean suspendidos de empleo y sueldo " por "cuestión de higiene democrática", aunque considera que no deben renunciar a su acta sino delegar sus competencias "hasta que se levante el secreto de sumario". Respecto a su asesor Francisco Lledó --exedil del PP en el Ayuntamiento y ya investigado judicialmente-- ha abogado por aplicar "acciones similares" .

Por su parte, EU ha asegurado que tiene "la absoluta seguridad" de que su diputada provincial y vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, "no ha cometido ninguna irregularidad" .

La trama destapada por la Unidad del Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción que instruye el juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia ya suma ochenta investigados por varios delitos contra la administración pública , entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, seguirán secretas hasta el 14 de marzo.

El origen de la causa se centra en Imelsa , una empresa pública de la Diputación de Valencia. Los investigadores tienen acreditado que se amañaron contratos a cambio de comisiones millonarias. Las grabaciones del exgerente de la firma Marcos Benavent destaparon una «organización criminal» infiltrada en las Administraciones valencianas desde 2003, que ya se ha llevado por delante el PP de la ciudad de Valencia. En las grabaciones de Benavent aparecen diputados que en aquellos años estaban en la oposición.

Hasta ahora, tanto los detenidos como los imputados eran miembros del PP, exconcejales, empresarios y asesores. Sin embargo, las pesquisas han avanzado y salpican de lleno a las formaciones de izquierdas que en la actualidad gobiernan la Diputación de Valencia ( PSPV, Compromís y Esquerra Unida ). Varios de sus integrantes, entre ellos dos vicepresidentes de la Corporación provincial, han sido citados en calidad de investigados por la UCO, lo que supone el paso previa antes de declarar ante el juez como imputados.

El PSPV, Compromís y EU habían solicitado al PP que apartara a sus dirigentes imputados (nueve de los diez concejales en el Ayuntamiento de Valencia). .

La imputación de cargos de los partidos de izquierdas en la trama corrupta de la operación Taula ha dado una vuelta de tuerca al caso y ha dado aire al PP . Así, la presidenta del PPCV y portavoz del grupo popular en las Corts Valencianes, Isabel Bonig, se ha dirigido al PSPV, Compromís y EUPV para pedirles que recuerden cuando suban a la tribuna que «quien esté libre de pecado tire la primera piedra» y «hoy, por lo menos, una pequeña piedra la tiren sobre ustedes y no sobre el grupo popular».

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llamado a declarar como investigados a todo el Consejo de Administración de Imelsa, incluida la vicepresidenta cuarta de la Diputación, Rosa Pérez (Esquerra Unida) , que denunció el caso y en la actualidad es vicepresidenta de la Diputación . La diputada de la formación de izquierdas, que había anunciado su voluntad de personarse en la causa, ha dicho que «no tiene sentido que me cite la Guardia Civil, yo soy la denunciante».

Además de Pérez Garijo, que declarará el próximo martes, han sido citados, entre otros, el vicepresidente tercero, Emili Altur , de Compromís, que en su día presidió la comisión de investigación creada en la corporación y que sigue en el consejo de administración de Imelsa.

De acuerdo con fuentes de la investigación, su implicación en el caso estaría derivada de las adjudicaciones de contratos de obra civil. Altur es concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Burjassot.

El «número tres» de Ximo Puig en el PSPV, José Manuel Orengo, es otro de los dirigentes citados por la UCO en calidad de investigados. Fue alcalde del PSPV en Gandía y hasta el pasado lunes jefe de gabinete del presidente de la Corporación provincial. En la anterior legislatitura fue portavoz socialista en la Diputación de Valencia. La UCO investiga si medió para situar a miembros de su partido en Imelsa.

Del mismo modo, el exdiputado provincial socialista y alcalde de la localidad valenciana de Gestalgar Raul Pardos recibió ayer a mediodía la llamada de la Unidad del Crimen Organizado para que acudiera a declarar como investigado. Según publica este jueves Levante-EMV, la Guardia Civil también ha citado al vicepresidente segundo de la Diputación, Antonio Gaspar (PSPV-PSOE); y al dirigente de Iniciativa del Poble Valencià y de Compromís, Emili Mira, además de sindicalistas de UGT y CCOO.

Antoni Gaspar ha asegurado a EFE que no ha recibido ninguna citación ni llamada por parte de la UCO y, en su cuenta personal de twitter ha resaltado que la Guardia Civil "no imputa, eso solo lo hace un juez, ellos en todo caso investigan".