El PP exige a la Generalitat que se persone en el caso de las subvenciones del hermano de Ximo Puig

La diputada popular en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz, ha preguntado este jueves a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, «cuándo va a dar la orden» para que eso ocurra y ha señalado que es importante que la Abogacía de la Generalitat «defienda por vía penal y civil el dinero público que tanto el hermano del President como Adell Bover admitieron en sede judicial, tanto el lunes como el miércoles, que ingresaron y facturaron de forma irregular con facturas duplicadas, falsas y que presentaron documentos de gasto de gasolina y de una vivienda particular».

Ortiz ha recordado que, según la Guardia Civil, la suma de las subvenciones otorgadas por los gobierno valenciano, catalán y aragonés, entre 2015 y 2018, supera los 1,2 millones de euros , al tiempo que ha asegurado que «se está produciendo y se ha producido un quebranto de dinero público, sin que el gobierno valenciano esté haciendo absolutamente nada para evitarlo».

Por otra parte, la diputada popular se ha preguntado «por qué al socio del hermano de Puig sí que se le han pedido siete reintegros y al hermano de Puig no se le ha solicitado que reintegre ninguna cantidad. No quiero pensar que el apellido Puig en este asunto pesa demasiado».

Además, ha recordado que «Canal Maestrat, la productora de los socios del hermano del presidente ha entrado en concurso de acreedores » y ha incidido en que «con esta fórmula estas empresas nunca devolverán el dinero ingresado de forma fraudulenta».

Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha afeado a Eva Ortiz su «deliberada ignorancia» respecto al ordenamiento jurídico, puesto que «la Administración no puede personarse en el procedimiento porque a pesar de los más de 388 folios de informe de la Guardia Civil hay dudas más que razonables sobre la comisión de delito de fraude en las subvenciones, pues el tipo exige que la cantidad irregularmente obtenida supere los 120.000 euros , dato que no ha podido concluir la Guardia Civil después de dos años y de tan prolijo informe».

«Lo que sí sabemos que de todos los controles realizados por la Administración a las empresas de Francis Puig ha salido impoluto y por eso no ha reclamación alguna», ha reprochado. Igualmente, ha señalado que, por ello, «el Ministerio Fiscal ha pedido el informe a la Intervención de la Generalitat de la Comunitat Valenciana y de Cataluña, porque si no se da esa premisa, no hay fraude y por tanto no hay perjuicio que resarcir en la vía penal».

Tras la sesión, Eva Ortiz ha anunciado que va a presentar una queja ante el juzgado porque considera que Bravo ha tenido acceso al sumario, que está bajo secreto.

Según la diputada, es «evidente» tras las declaraciones de Bravo que «ha tenido acceso al informe emitido por la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial, mandatada por este Juzgado y en el seno de esta instrucción».

«Este informe, como todos los documentos obrantes en autos, está protegido por el secreto de la instrucción frente a todos aquellos quienes no son parte. Queremos saber quién le ha facilitado el acceso a ese documento», ha concluido Ortiz.