El PP denuncia que la Generalitat tiene un informe bajo secreto de sumario del caso del hermano de Ximo Puig

«Es evidente de dichas manifestaciones de la señora Bravo que ha tenido acceso al informe emitido por la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil en el ejercicio de las funciones de Policía Judicial, mandatada por este Juzgado y en el seno de esta instrucción, siendo que dicho informe, como todos los documentos obrantes en autos, está protegido por el secreto de la instrucción frente a todos aquellos quienes no son parte. Se desconoce quién podría haber facilitado el acceso a ese documento», indica la queja firmada por la diputada popular Eva Ortiz.

Esas declaraciones se han producido en el marco de un tenso debate parlamentario entre Ortiz, cuya denuncia dio pie a la causa judicial, y la titular de Justicia. Precisamente esta semana se han producido las declaraciones de los dos principales imputados en sede judicial.

La diputada ha criticado que la Abogacía de la Generalitat no se haya personado en la causa pese al «quebranto de dinero público» que se está produciendo y ha preguntado el motivo por el que al socio de Francis Puig -el también imputado Juan Enrique Adell Bover, administrador de Canal Maestrat y Kriol- se le han abierto siete expedientes de reintegro de ayudas , mientras al hermano del presidente autonómico no se le ha solicitado que devuelva ninguna cantidad. «No quiero pensar que el apellido Puig en este asunto pesa demasiado», ha aseverado Ortiz.

En su respuesta, Gabriela Bravo ha defendido que Francis Puig «ha salido impoluto» de los controles realizados a las productoras audiovisuales que administra -Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions-, y «por eso no ha reclamación alguna».

En referencia a la personación de la Generalitat en la causa, Bravo ha incidido en que « hay dudas más que razonables sobre la comisión de delito de fraude en las subvenciones, pues el tipo exige que la cantidad irregularmente obtenida supere los 120.000 euros, dato que no ha podido concluir la Guardia Civil después de dos años y de tan prolijo informe», en referencia al documento de la Unidad de Delitos Económicos que reveló hasta cuatro tipos de irregularidades en la justificación de los gastos para las ayudas -por más de 1,2 millones de euros- que estas mercantiles recibieron entre 2015 y 2018 de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés en distintas convocatorias.

En ese sentido, ha recordado que la Fiscalía ha solicitado sendas auditorías a la Intervención de la Generalitat Valenciana y la catalana para cuantificar de forma exacta el dinero presuntamente defraudado y dirimir si el proceso debe seguir o no por la vía penal. La referencia al informe de la Policía Judicial por parte de Bravo ha generado revuelo en la bancada popular, cuyos diputados le cuestionaban -sin tener uso de la palabra- cómo era posible que tuviera acceso a esa información. «Porque leo los periódicos, como ustedes» , ha respondido la consellera.