Podemos empieza a pedir dimisiones con la boca pequeña por la financiación de PSPV y Bloc

La reacción de los partidos señalados ha ido en la línea de lo manifestado desde inicialmente. Para el presidente de las Cortes, Enric Morera, todo está archivado porque «no hay nada» y para el «número dos» de los socialistas valencianos, Manolo Mata, «no existe trama ni dinero negro». «El PSPV de aquella época no tiene ninguna relación ni conexión con unos hechos indiciariamente delictivos», llegó a afirmar -en una rueda de prensa convocada el viernes de urgencia con un aviso a los medios media hora antes-, cuando el auto lo que expresa es que éstos no habrían tenido lugar en el partido judicial de Valencia , motivo por el cual la juez se inhibió en enero en favor de cuatro juzgados (dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm).

Ambas formaciones montaron sus respectivas comisiones internas para estudiar la contabilidad y probar que todo es correcto, aunque ninguna de ellas ha mostrado todavía las facturas de esa campaña electoral. El Bloc se encuentra en su segunda fase de revisión, en la que tiene que interrogar a los responsables en ese momento.

Mientras, desde Podemos -partido que da apoyo al Consell de PSPV y Compromís- parece que no tienen del todo claro qué papel adoptar. En un principio, justificaron en la «prudencia» su posición de esperar a conocer de primera mano las explicaciones de sus socios. En la reunión de la semana pasada les dieron 20 días de plazo para publicar los informes de la financiación y les arrancaron el compromiso de aprobar una comisión de investigación en las Cortes. Pero no añadieron ninguna exigencia adicional.

Ninguna hubo tampoco este lunes, ya después de conocerse el auto, cuando en una comparecencia el secretario de Análisis Político, Ferran Martínez, y la secretaria de Acción Institucional, Àngela Ballester, afirmaron que «sería bueno» que los implicados en la supuesta financiación irregular del PSPV y el Bloc dieran «un paso al lado» y dejaran los cargos de responsabilidad que ocupan actualmente, tanto en el partido como en las instituciones. Una tímida manera de pedir dimisiones que llegó de una forma poco contundente pese a no compartir los intentos de «minimizar el caso» por parte de sus socios porque los delitos hayan prescrito.

Sobre quiénes deberían marcharse -como el actual asesor del presidente de la Generalitat y exalcalde de Gandia José Manuel Orengo o el asesor del presidente de Las Cortes, Lluís Miquel Campos- insistieron en que es una «contradicción» que personas que aparecen en un documento judicial ocupen cargos de responsabilidad, pero remarcaron que son los partidos los que deben de tomar las medidas . Sobre Morera, puntualizaron que habrá que esperar a que se haga pública toda la información.

El posicionamiento de Podemos no resulta sencillo en términos electorales a un año de los comicios autonómicos. Con el objetivo de reeditar el pacto de Gobierno (en el que, esta vez sí, la formación morada estaría dispuesta a entrar en el Ejecutivo), algunos de sus dirigentes comentan que no pueden lanzar un mensaje que suponga contribuir a la vuelta al PP a las instituciones pese a su preocupación por la investigación judicial. Un intento de no hacer el juego a los populares que, sin embargo, puede entrar en contradicción con su firmeza a la hora de condenar la corrupción .

Otro de los pronunciamientos que también llegó este lunes fue el del líder del PSPV durante la etapa de los hechos Joan Ignasi Pla . Durante una entrevista en la radio 99.9, aseguró que tenía «la conciencia muy tranquila». «En ningún sitio aparece mi nombre», señaló: «Hace doce años la legislación era la que era, y creo que se actuó bien».

Pla calificó esta cuestión como un tema «estrictamente político» y, sobre los pagos a Crespo Gomar, apuntó que no trabajaron con la empresa en campaña «porque las campañas electorales tenían contabilidad distinta y, al ser elecciones en toda España, las pagaba Madrid».