«En materia de Justicia echo en falta más sentido de Estado por parte del Gobierno»

-¿La convulsión que vive el mundo judicial ha condicionado su llegada a la Conselleria?

-Me ha forzado a hacer un aterrizaje forzoso, a profundizar en los problemas del colectivo y a fijar prioridades. Tengo la enorme suerte de que el anterior conseller de Justicia, Fernando de Rosa, tenía una visión muy clara y me ha dejado un camino muy marcado y coherente. Es un momento difícil pero ha sido una sucesión muy tranquila.

-¿Era necesario que los jueces dieran un puñetazo sobre la mesa para que los políticos abrieran los ojos?

-Era una situación sabida y de ahí el pacto de Estado entre los dos partidos mayoritarios cuando gobernaba el PP y Michavila era ministro. En 2004, cuando gana Zapatero, se paraliza ese proceso. El «caso Mari Luz» hace que aflore eso que ya existía. Había un caldo de cultivo que aflora por la inactividad del gobierno.

-¿Y cuál ha sido el coste?

-Hemos perdido un tiempo muy importante. Cada Comunidad ha ido por su cuenta. Y ese es otro de los grandes problemas: no puede haber 17 modelos de Justicia distintos. Ésta es una materia en la que se necesita sentido de Estado y debemos caminar todos hacia un modelo que debe definir el Gobierno. Y yo, en el Gobierno, hecho en falta sentido de Estado. Nosotros somos de los que más hemos avanzado en modernización, infraestructuras judiciales, videoconferencia... pero Justicia es una materia en la que la responsabilidad es compartida. No puede tirar del carro sólo uno.

-Dos de las palabras más repetidas estos días son sobrecarga y modernización. Pero las nuevas tecnologías en algunos ámbitos provocan urticaria...

-Es un temor por desconocimiento pero esto no tiene marcha atrás. Es cuestión de ponerle una fecha, como a la TDT y al apagón analógico.

-¿Y que fecha le ponemos al apagón judicial?

-No me corresponde a mi, pero habría que hacer una reflexión seria para no poner parches ni medidas aisladas. Nadie discute la necesidad de pasar al modelo judicial electrónico pero no se puede parchear en ese tránsito. De nada me sirve que el Consejo de Ministros aprobara el viernes la reforma de quince leyes procesales si esa acción está aislada. Es un paso, pero ¿cuándo va a ser el siguiente?. Son reformas inconexas, incoherentes... Si eso no va en paralelo con el resto de mecanismo que hay que activar para poner en marcha la nueva oficina judicial, al final se convierten en un parche. Tenemos que exigirnos seriedad, un programa coherente y no gobernar a golpe de necesidad puntual.

-¿Cree que los jueces irán finalmente a la huelga?

-No puedo opinar sobre las decisiones de los colectivos. Pero me gustaría que, tomaran la decisión que tomaran, no olvidaran que el destinatario último de las decisiones son los ciudadanos, que no pueden salir perjudicados

-Tiene en agenda una próxima reunión con el ministro y el resto de consejeros autonómicos de Justicia. ¿Cuales serán sus reivindicaciones?

-Necesitamos más juzgados para descongestionar los que ya hay. Pedimos 35, nos han dado 23. Queremos que nos transfieran las competencias para decidir cuántos y cuándo crearlos, pero mientras esto no sea así, pedimos, ya que pagamos el 80 por ciento de cada órgano judicial, que podamos decidir cuándo implantamos los 23 de 2009, que será un año crucial porque la crisis se agudiza; que no esperen a final de año. Pero lo fundamental, donde no puedo bajar la guardia, es en el tema de financiación.

-¿El compromiso de la Conselleria con la modernización pasa por lograr del Ministerio la cesión de las tasas judiciales?

-Desde luego. Sería una medida importantísima porque lograríamos que revierta aquí lo que el Estado ingresa por la actividad judicial de la Comunidad. Y sobre todo, pido un sistema coherente, donde las comunidades autónomas seamos tratadas por igual, conforme a unos parámetros objetivos. La Justicia, como servicio esencial, no puede ser fruto de un pacto político con una Comunidad. No puedo consentir, ni lo voy a admitir que Cataluña tenga previsto en los presupuestos del 2009, seis millones de euros para atender las necesidades derivadas de la creación de nuevos órganos judiciales y yo nada. Nosotros asumimos todas las obras de todas las sedes judiciales. Y no me voy a callar

-Pero eso viene condicionado por el modelo de transferencia de competencias que se negoció en su día.

-Esa excusa no me sirve. No sé si se negoció bien o mal, pero las cosas son revisables porque han pasado muchos años y la situación ha cambiado. La calidad de la Justicia que reciben los ciudadanos no puede depender de la Comunidad en la que vivan. Tienen derecho a que sea una Justicia de calidad, ágil y rápida cualquiera que sea su lugar de residencia. Cuando gobernó el PP hubo una partida destinada a modernización con la que se compensaba a las Comunidades por lo que aportaban por las tasas judiciales. Cuando llegó Zapatero esa línea desapareció.

-¿Con qué cantidad se daría por satisfecha?

-Al ministro le pedí cuatro millones para abordar las necesidades más inmediatas.

-Llevo años escuchando las mismas quejas de jueces y fiscales: falta espacio, no hay funcionarios suficientes, las bajas no se cubren o se hace con retraso, se ponen refuerzos hoy y se quitan mañana...¿este no es un patrón similar a la política de parcheo que usted critica del Ministerio?

-Siempre hay situaciones puntuales no resueltas. Entre el plan actual de infraestructuras judiciales y el anterior vamos a invertir 500 millones de euros. Habrá juzgados en malas condiciones y si mientras se ejecutan las obras sólo trasciende eso, parece que es un parche. En servicios públicos, los recursos siempre son insuficientes. Problemas, los hay pero la diferencia fundamental es que nosotros tenemos un plan que ejecutamos poco a poco, que sabemos dónde queremos llegar y eso no lo veo en el Ministerio.

-El jueves, las distintas Comunidades están llamadas a asistir a una reunión en el Consejo General del Poder Judicial, donde les van a pedir que arrimen el hombro. ¿Hasta dónde está dispuesta a contribuir?

-Estamos dispuesto a ir de la mano en todo. Voy a colaborar con todos los medios en el proyecto que me planteen y voy a pedirles reciprocidad y que haya una interlocución fluida en todo este proceso para ajustarlo a las necesidades reales porque cada Comunidad tiene unas especificidades.

-Habla de modernización, pero resulta que aumenta la delincuencia informática y jueces y fiscales no tienen acceso a internet para investigar. ¿No lo parece que clama al cielo?

-Sí, pero van a tenerlo a partir de ya. Lo importante es que mejore el servicio al ciudadano.

-Uno de los retos de su Conselleria es sacar adelante la Ley de Función Pública

-Es una de las leyes más importantes de la legislatura porque definirá un nuevo modelo de administración pública, electrónica, más flexible, cercana, adecuada a los nuevos escenarios de la era digital...Implicará un cambio profundo y voy a dedicar un esfuerzo importante para que esta ley refleje eso y no otras cosas.

-¿A qué se refiere?

-Es muy fácil aprovechar las leyes para hacer reivindicaciones remunerativas por parte de los funcionarios. Son legítimas y hay que contemplarlas pero no se puede convertir en una ley para los funcionarios ni para la mejora de su situación laboral. Se estudiará pero la ley tiene que ser para reconvertir el actual modelo de función pública y adaptarlo a las exigencias de la sociedad del siglo XXI.

-¿El amago de protesta que hubo el otro día ante la sede de la Conselleria es un órdago?

-Supongo que sí. Los sindicatos hacen su papel, respetable y asumible. Pero esta ley va destinada a todos los ciudadanos, no sólo a los funcionarios.

-Esta ley va íntimamente ligada a la de Administración Electrónica

-Tenemos que conseguir que la era digital se traslade a todos los ámbitos y todos nuestros esfuerzos están encaminados a que el ciudadano pueda también acceder a la administración desde su casa, sin colas, a cualquier horario.

-¿Como complementará la Ley de Violencia sobre la Mujer que acaba de anunciar a la que ya existe en el ámbito nacional?

- Hay que crear un marco estable para que queden bien definidos los recursos que las mujeres tienen a su disposición. Sin pasar por alto la atención, es fundamental trabajar en la prevención, pero sobre todo, en la reinserción sociolaboral de las víctimas. No podemos ser sólo asistencialistas. Lo que hacemos no sirve de nada si a esas mujeres no se les ofrece un modo de vida.

-Eso requiere de la implicación de los empresarios

-Requiere mucho trabajo con la iniciativa privada para que den una oportunidad no sólo a las maltratas sino a los menores infractores. En el campo del teletrabajo hay muchas posibilidades y ése es el gran reto. Hay que seguir creando recursos, pero siempre van a ser insuficientes para atender a los menores. Si le metes en un centro y no le aseguras la reinserción laboral... Podemos hacerlo exigiendo a las empresas a las que adjudicamos contratos que reserven parte de su plantilla a estos colectivos.

-¿Pero eso se respeta?

-El acuerdo está ahí, y algo se está cumpliendo. El paso importante fue implantarlo y eso ya se hizo con el conseller De Rosa. Yo quiero dar una vuelta de tuerca más. Voy a hablar con los servicios centrales de la Conselleria para hacer un seguimiento cercano de las empresas que trabajan con nosotras para comprobar el grado de cumplimiento de este acuerdo, cuántos son, en qué trabajan, la duración de los contratos...

-Una de sus apuestas más recientes es la de la mediación como solución extrajudicial de los conflictos. ¿Cree que tiene recorrido en un país con muy poca tradición?

-Tiene que ser una medida más para resolver los problemas de la Justicia.

-Si por algo le ha pedido explicaciones la oposición en los tres meses que lleva en el cargo es por el «caso Fabra» y las carencias del juzgado que lo instruye.

-Desde la Conselleria hemos actuado con la misma diligencia, coherencia y responsabilidad en el Juzgado de Nules que en cualquier otro. Las declaraciones del ministro acusando a la Conselleria han sido muy irresponsables.

Paula Sánchez de León, en las dependencias de la Conselleria de Justicia

Lo suyo ha sido un «aterrizaje forzoso». En medio de la convulsión que sacude al mundo judicial, Sánchez de León se arma de argumentos. «No me voy a callar», dice tajante ante el trato de favor que recibe Cataluña

La consellera, en el transcurso de la entrevista