Dos leyes de buen gobierno prohíben favores como la entrevista en «The Guardian» a Ximo Puig

Sin embargo, esta argumentación resulta difícil de sostener cuando el propio «The Guardian» borró el cuestionario a Puig al tratarse de un acuerdo comercial. A este periódico, respondió igualmente que se trató de una serie publicitaria, escrita y pagada por la empresa The Report Company, en la que se incluía la entrevista.

Por su parte, la propia compañía intermediaria se manifiesta en línea con la Generalitat y asegura que Puig no pagó nada por este servicio, que colocaron en base al «interés general».

La baza que juegan ambas es la factura final de los servicios que mostró ABC el pasado jueves. En abril de 2016, se suscribió un contrato entre la Administración y la central de medios Mec Mediterránea para acciones de comunicación. Esta última es a la que The Report Company facturó todo lo relacionado con «The Guardian», y en ese documento no aparece la palabra entrevista.

Si ese cuestionario entró dentro del pack de la publicación comercial en el diario británico, que Ximo Puig apareciera en él costó a los valencianos un total de 52.030 euros -los 43.000 declarados por la Generalitat en 2017 dentro de la publicidad institucional más 9.030 correspondientes al 21% del IVA- y miente al negar que sea así.

Si realmente no pagó por la entrevista, supondría que aceptó una regalía en forma de propaganda por parte de la empresa intermediaria y podría incurrir en delito, puesto que la compañía tuvo cinco meses después un contrato con la Administración.

La actitud choca con diversos artículos del Código de Buen Gobierno del Consell, aprobado mediante decreto en 2016. El más significativo es el número 21, precisamente dedicado a la publicidad institucional a los medios de comunicación, apartado en el que se incluyó el gasto de «The Guardian». «Las personas sujetas a este Código se abstendrán de utilizar la comunicación publicitaria institucional para fines partidistas o como elemento de propaganda personal . La publicidad institucional que realizan las organizaciones e instituciones públicas se ajustará siempre a los principios de interés ciudadano, veracidad y lealtad institucional».

Resulta bastante evidente que la entrevista al presidente de la Generalitat fue de promoción personal y que no respondía al interés ciudadano . En ella se ensalzaba su figura, se le presentaba como un líder, aprovechó para criticar al PP por la corrupción, expuso sus grandes propuestas de legislatura y se le llegó a preguntar por cómo rescató la sociedad y la democracia.

Otro de los artículos de podrían entrar en contradicción con estas acciones es el 17, en el cual se expone que se evitará «el uso o abuso del cargo para obtener ninguna ventaja o beneficio, en especial los privilegios informativos, reguladores y/o aquellos que puedan generarse como consecuencia del ejercicio de su mandato o que estén asociados a este».

Tanto en el Código de Buen Gobierno como en la ley de Transparencia valenciana consta igualmente que «no aceptarán regalos que sobrepasen los usos y costumbres de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones». Si la entrevista fuera una regalía, podría ser considerada un favor o servicio en condición ventajosa.