Juzgan a Consuelo Císcar por el supuesto fraude de las obras de Gerardo Rueda en el IVAM

En el banquillo de los acusados se sentarán también el exdirector financiero del museo Juan Carlos Lledó y José Luis Rueda , heredero del artista fallecido en 1996. Císcar y Lledó están acusados de delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada, mientras que Rueda habría actuado como cooperador necesario en este último delito.

Los tres se enfrentan a penas de entre cinco y seis años de prisión, a petición de la Fiscalía, y de hasta doce según reclama la acusación popular ejercida por la asociación Acción Cívica. Anticorrupción considera que Consuelo Císcar y José Luis Rueda urdieron un plan para «beneficiar ilícitamente» al heredero universal del pintor madrileño con la colaboración del entonces responsable financiero del organismo autónomo de la Generalitat Valenciana.

Uno de los dos expedientes bajo sospecha está fechado en 2004, cuando Rueda ofreció al IVAM la obra ‘El gran relieve’ por 360.000 euros como condición previa para la donación de otras trece esculturas que, en realidad, eran reproducciones póstumas. Para dar apariencia de legalidad a la compra, Císcar simuló los trámites administrativos que en realidad se saltó: no se realizaron los informes que permitían controlar el destino de los fondos del museo, por lo que tampoco se valoró si el precio que se iba a pagar se adecuaba al valor de mercado. La dirigente del centro argumentó que la obra había sido expuesta en el mismo museo en mayo de 1996 y que se había realizado expresamente para el IVAM, a sabiendas de que no era cierto, según indica la fiscal.

El otro expediente es del año 2006 y comprende la compra de otras siete obras que tampoco fueron ejecutadas en vida por el autor. Por esta operación, sobre la que no se hizo una propuesta de venta previa por parte de Rueda, se abonaron cerca de 2,6 millones de euros . El acuerdo incluía la donación de 77 piezas más y obligaba al IVAM a asumir los gastos de fundición -medio millón- de 44 de ellas en una fundación privada.

Un supuesto desfalco que excede los cuatro millones - 4.176.863 -, cantidad que la titular del Juzgado de Instrucción 21 ya les exigió a los acusados como fianza en concepto de responsabilidad civil. La magistrada consideró que los entonces dirigentes del museo eran plenamente conscientes de lo que compraban y que estaban pagando por ello precios «desproporcionados» y «desmesurados».

La instructora constató durante la investigación cómo algunas de esas piezas fueron promocionadas «de forma indebida» con exposiciones organizadas y sufragadas por el propio museo, y que contaron con la intervención directa del hijo de Gerardo Rueda, para «encubrir y extender el engaño», con un desembolso añadido de casi 720.000 euros. No obstante, la defensa del acusado intenta desmontar punto por punto, en un escrito al que ha tenido acceso ABC, el peritaje realizado a las obras en cuestión. Alegan que el documento carece de rigor y recoge «críticas constantes» a la adquisición de las piezas sin entrar en valorar su precio.

En el auto de procedimiento abreviado se incluían declaraciones de varios testigos y correos electrónicos en los que se daba cuenta de cómo José Luis Rueda utilizaba su buena relación con Consuelo Císcar para influir en las decisiones de la cúpula directiva de la entidad cultural, con amenazas incluso de retirar o boicotear las muestras programadas.

«Hay que pararle los pies. Esto no es una empresa privada», señalaba Juan Carlos Lledó en un mensaje dirigido a la responsable del área técnico artística, Raquel Gutiérrez. De hecho, en febrero de 2008, le envió un correo con el asunto «los horrores del IVAM» y tres documentos adjuntos en los que incluía unas tablas en cuyo encabezado se listaban diferentes contrataciones realizadas por el museo junto a la descripción de las irregularidades cometidas en su tramitación.

Consuelo Císcar, que dirigió el IVAM entre 2004 y 2014, vuelve este martes a los juzgados para una vista que se prolongará durante trece sesiones , hasta el 23 de noviembre, y en la que comparecerán sesenta personas entre testigos y peritos.