Consuelo Císcar exige la nulidad del caso IVAM tras una instrucción «inquisitorial»

Se trata de la última de las tres piezas separadas sobre las irregularidades en una entidad pública referente al servicio de intereses privados. En ella están procesados también el entonces director financiero del museo Juan Carlos Lledó y el heredero del artista fallecido en 1996, José Luis Rueda.

La defensa de la que fue máxima responsable del organismo ha puesto en duda la recogida de información que realizó la UDEF aludiendo a una supuesta alteración de la cadena de custodia. Según el letrado, el volcado informático se produjo a partir de «una copia previa realizada por un informático del IVAM» y «no hay garantía» de que «el contenido sea el que tenía el documento original».

El tribunal ha admitido todas las pruebas y testificales propuestas por las partes, pero no resolverá la petición de Císcar hasta la sentencia.

El IVAM compró a Rueda ocho reproducciones de obras del escultor en 2004 y 2006 por casi tres millones de euros, un valor que tanto la juez instructora como las acusaciones consideran que no se ajusta al precio de mercado. Las transacciones tenían, a su juicio, como objetivo enriquecer al heredero del artista madrileño.

Sin embargo, los procesados defienden su gestión. De hecho, el abogado de Ciscar ha criticado durante las cuestiones previas la «actitud inquisitorial» y la «ausencia total de rigor e imparcialidad» por parte de esta magistrada y de la UDEF , mientras la defensa de Rueda asegura que el peritaje realizado es erróneo y que su cliente tenía potestad para reproducir y reescalar las esculturas de su padre.

A su vez, la Fiscalía ha requerido un informe pericial para saber el valor de dos obras originales de Rueda que están en el IVAM y determinar el sobrecoste de las reproducciones.

Las compras realizadas al hijo de Rueda incluían, además, la donación de otras noventa piezas, la mitad de las cuales tuvieron que fundirse a cuenta de la entidad con un coste de medio millón. Del mismo modo, la instructora constató un desembolso añadido de casi 720.000 euros para la organización de exposiciones con las que promocionar esas obras. Muestras en las que el hijo de Gerardo Rueda tuvo una intervención directa.

Un supuesto desfalco que excede los cuatro millones -4.176.863-, cantidad que la titular del Juzgado de Instrucción 21 ya les exigió a los acusados como fianza en concepto de responsabilidad civil.

Císcar y Lledó están acusados de delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada, mientras que Rueda habría actuado como cooperador necesario en este último delito. Los tres se enfrentan a penas de entre cinco y seis años de prisión , a petición de la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, y de hasta doce según reclama la acusación popular ejercida por la asociación Acción Cívica.