La demanda por sucesión de empresas complica los planes de la Generalitat para reabrir RTVV

En el escrito argumentan la tesis de que ambas empresas de radio y televisión (RTVV y CVMC) son la misma con un cambio de denominación , por lo que se trataría de un «fraude de ley». El sindicato, muy afín a Compromís, alude a que el Consell trata de poner en marcha la nueva corporación a partir de las mismas frecuencias, canales, múltiplex, instalaciones, equipos y fondo documental que RTVV SAU, la cual se encuentra en proceso de liquidación.

Éste, en opinión de María Josep Poquet, portavoz de Intersindical, no existe realmente. « RTVV nunca ha dejado de emitir . La señal sigue estando y todo es lo mismo excepto los trabajadores. Se intenta dar la apariencia de dos empresas, pero la nueva reproduce la actividad empresarial que la anterior con el mismo objetivo. No siquiera hay un cambio de empresario, puesto que la Generalitat es socio único», explica.

Para el sindicato, la intención del Gobierno valenciano no es otra que «asumir las cargas laborales, creando la ficción de un cierre que nunca se ha producido, y una falsa liquidación ». Por eso, consideran que es «evidente» que tanto el Consell como el consejo liquidado r «han avanzado trabajos que corresponden a la nueva empresa que nada tienen que ver con la liquidación».

En caso de prosperar la demanda, los trabajadores de RTVV que se incorporen a la nueva empres a deberán tener la antigüedad, trienios, salarios , categoría, convenio y condiciones laborales con los que contaban en la antigua empresa. Además, abre la puerta a cientos de demandas individuales para poder acceder a la nueva corporación.

Este escrito se une a la demanda colectiva del sindicato CGT contra el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción de todos los contratos de la plantilla de la anterior radiotelevisión, cuyo juicio fijó la Audiencia Nacional para el próximo 11 de enero.

Si el tribunal lo aceptara y declarara nulos los despidos, supondría readmitir a los 1.600 trabajadores y abonar los salarios de tramitación, con dramáticas consecuencias para el proceso de reapertura y un gran coste para la Generalitat d e más de 100 millones de euros , que CGT eleva a entre 150 y 2o0 millones.

La intención del Consell no pasa, pese a todo, por dar marcha atrás en el proceso de reapertura, que hoy ha sido calificado de «irrenunciable» por la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, dado que existe un mandato legal de Las Cortes que les «obliga» a ello.

A su juicio, la interposición de ese recurso «no tiene por qué interferir» en la reapertura, ya que se trata de «empresas diferentes». «Después gestionaremos las posibles contingencias» , ha remarcado. El diálogo, ha añadido, «se está produciendo de manera amable» con CGT y esperan comenzarlo con Intersindical.

Aun así, los acuerdos pueden no llegar y el Gobierno valenciano tendría que mover ficha. Fuentes del Consell han apuntado hoy a que el plan pasaría por realizar una mejora en las indemnizaciones de los extrabajadores, de modo que cobrarían la compensación por despido improcedente , en la mayoría de los casos mínima. Una solución que no supondría un elevado desembolso para las arcas públicas (no llegaría al millón de euros).

Con ello entienden que se facilitaría un pronunciamiento judicial favorable también por parte del TSJCV. Esta postura no es compartida por Intersindical. «Si hay sentencia de nulidad y pretenden que eso se sufrague con más indemnización pero se demuestra que es la misma empresa sí que puede obligar a las readmisiones», comenta María Josep Poquet.

Ahora, esperarán al acto de conciliación con la Generalitat para tratar de encontrar una solución al problema laboral. «La demanda era el último paso que teníamos que dar. Esperamos que se sienten a negociar. Les hicimos de photocall en campaña electoral y ahora se niegan al diálogo», critica la portavoz del sindicato.