El Gobierno valenciano sigue convocando las becas que Trabajo calificó de «fraude» con dos millones de deuda

Comisiones Obreras (CCOO) denuncia que desde octubre distintos departamentos han convocado y adjudicado hasta 88 nuevos procesos como los que el organismo definió como irregulares al entender que los becarios asumían las funciones de un trabajador normal. Solo en la Conselleria de Educación -liderada por Vicent Marzà- se han lanzado 27 convocatorias, seguido de cerca por las 25 de Igualdad, departamento que gestiona Mónica Oltra.

Un problema que, además, no solo se extiende a los ámbitos de las consellerias sino también a lo que se conoce como sector público instrumental . Entidades públicas y dependientes de la Generalitat como el IVACE, el Instituto Valenciano de Cultura (IVC) o la Autoridad Metropolitana del Transporte se han sumado a esta práctica.

Desde el sindicato -que interpuso las primeras denuncias y ya ha conseguido resolver los casos de 35 personas becadas- ven con preocupación esta «mala praxis» , según la secretaria de Formación y Empleo de CCOO, Ana Mª García, porque «no ha habido ni un gesto político por parte de la Generalitat de realizar ningún cambio».

«Cada conselleria esta sacando sus propias normas, muy iguales pero cada una con sus matices», ha explicado García, por lo que advierte que « va a volver a pasar lo mismo porque se plantean con las mismas condiciones». Una condiciones que considera una «aberración» y que Trabajo también subrayó como fraudulentas en sus informes.

La secretaria de Empleo del sindicato ha detallado que se sigue estableciendo la edad máxima de los 35 años, por lo que con las prórrogas «tenemos personas becadas hasta los 40 ». A eso se suma la cantidad de documentación que se necesita para concurrir, así como la puntuación de la experiencia profesional previa y la inexistencia de itinerarios formativos cuando «no son puestos de trabajo» . García pone el foco, asimismo, en que si durante el periodo en el que se realiza la beca, la persona beneficiaria requiere, por ejemplo, una hospitalización larga, las bases obligan a que ese tiempo se recupere tras la finalización de la misma.

De las 88 becas en curso -entre convocadas y adjudicadas- no se han detectado irregularidades en todas, aunque advierte Soledad Fernández, secretaria de Acción Sindical, que «algunas consellerias han empezado el juego del disimulo » para «tapar la posibilidad de fraude».

Ambas coinciden en que se trata de una «irreponsabilidad política y de gestión» . Urgen al Gobierno de Ximo Puig a sentarse a dialogar con su sindicato -algo para lo que, aseguran, no ha habido mucha voluntad hasta ahora- para crear un marco regulador que solucione un problema «heredado» de los anteriores ejecutivos autonómicos y que el actual ha perpetuado.

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo desde septiembre, tras personarse en los distintos departamentos -entre ellos Presidencia- y entrevistarse con los afectados, han supuesto hasta enero un coste total a la Generalitat Valenciana de 1.829.787 euros, sumando las cuantías de cotizaciones a la Seguridad Social, el recargo del 20 por ciento y la equiparación de salarios .

Tras la declaración de fraude en la contratación, las personas becadas podían ejercer el derecho a reclamar las diferencias salariales solicitando un año de retrasos. 35 de los 45 becarios han demandado a través de CCOO, pero desde el sindicato informan que pueden haber más demandas no cuantificadas por ellos.

Tras destaparse el caso con las 28 primeras denuncias en las personas becadas por Presidencia en el ámbito del Periodismo y la Comunicación Audiovisual, el gabinete del presidente dejará de contar con becarios y becarias . Así lo anunció Ximo Puig en su momento. Una medida con la que se solventará la situación creada pese a que el jefe del Consell aseguró que se había actuado correctamente en todo momento y que se recurrirían las resoluciones de Trabajo. La duda reside ahora en qué ocurrirá ahora con el resto de consellerias.