La Generalitat defiende su modelo de becas y niega condiciones precarias tras la denuncia sindical

La secretaria autonómica de Comunicación, Blanca Marín, ha explicado a ABC que el Gobierno valenciano no comparte los criterios de la Inspección de Trabajo , que a finales del año pasado calificó estas convocatorias como «fraude de ley» , al entender que los becarios asumían las funciones de un trabajador normal. Irregularidades que, según avanzaba el sindicato, habrían supuesto un agujero de 1,8 millones de euros a las arcas públicas por las cotizaciones a la Seguridad Social.

La Generalitat realizó sus alegaciones en el contencioso-administrativo por no compartir la resolución adoptada por los inspectores que se personaron en el Palau para entrevistarse con las personas becadas en el ámbito del Periodismo y la Comunicación Audiovisual del gabinete de Presidencia.

«Mientras no se resuelva el recurso», ha asegurado Marín, los distintos departamentos de la Administración pública seguirán utilizando esta «herramienta» , que para el Gobierno autonómico es «correcta». Una postura que contradice a la anunciada por el presidente Ximo Puig cuando se conoció la noticia. El jefe del Consell aseguró entonces que su gabinete dejaría de contar con becarios y becarias este año .

De hecho, CCOO ha denunciado que desde octubre distintos departamentos han convocado y adjudicado hasta 88 nuevos procesos con condiciones similares como las que Trabajo definió como irregulares.

Desde el ejecutivo no entienden la postura del sindicato y aluden a los cauces existentes -las mesas de diálogo social- para tratar estas cuestiones. Asimismo, Marín ha negado que exista «precariedad» y ha lamentado que esta ayudas se interpreten como un trabajo cuando, en realidad, la labor de los becarios «se enmarca dentro de actividades planificadas y supervisadas » por funcionarios.

Se trata de unas becas de alrededor de mil euros al mes por 30 horas semanales que se adjudican desde hace dos décadas y cuyas bases se adaptaron, según la secretaria autonómica, en la anterior legislatura para someterlas a proceso de acceso objetivo y transparente. Marín ha zanjado el asunto defendiendo que hasta ahora no se había producido ningún tipo de queja por parte de las personas beneficiarias de las mismas.