La Generalitat Valenciana relegará el uso del castellano en la Administración

Tal como había anunciado en junio el director general de Política Lingüística , Rubén Trenzano , la idea del gabinete del Consell liderado por Ximo Puig apunta a normalizar la prioridad de una de las dos lenguas oficiales, la autóctona, tanto en las relaciones del ciudadano con los servicios públicos, como también para aquellos que aspiren a un puesto de trabajo como funcionario.

Así, de entrada, las normativas que verán la luz a corto y medio plazo imponen el valenciano mientras se perfila el requisito lingüístico para trabajar en la función pública, un aspecto siempre espinoso que ha suscitado agrias polémicas en otros territorios, como Cataluña, sobre todo al producirse la circunstancia de que españoles de otras regiones quieren presentarse a oposiciones y desconocen este otro idioma cooficial.

De hecho, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) también aprobó en junio una propuesta pendiente de ser elevada al Consell en la que igualmente impone el valenciano para un amplio abanico de empleados municipales, con un mayor o menor grado de conocimiento de esta lengua según si el funcionario atiende al público directamente o no. Pero que exige su dominio para funciones en las que no parece especialmente necesario, como un jardinero o un enterrador, tal como publicó ABC .

Esta iniciativa suscitó una dura polémica en Elda , ya que el presidente de la FVMP, el socialista Rubén Alfaro , es el alcalde de esta ciudad de 55.000 habitantes donde se habla por abrumadora mayoría castellano. Hasta el punto de que a raíz de la publicación de estas informaciones en este diario, Alfaro anunció que no iba a transmitir la propuesta a la Generalitat, aunque la había votado.

Estas novedades coinciden con la línea reivindicativa, por ejemplo, de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que en un manifiesto difundido el pasado 29 de septiembre valorando el decreto del plurilingüismo -que se refiere al ámbito educativo- ha reivindicado una «Ley de Igualdad Lingüística» complementaria a esta inmersión en las escuelas e institutos.

«Pero, además, hace falta otra inversión: la de la ambición social y política. La educación no puede suplir, respecto al conocimiento y uso de la lengua, lo que no aporta la sociedad: los medios de comunicación, los TIC, la Administración , el mundo económico, el ocio, etc.», según ACPV.

Desde el Casal Jaume I de Elche, esta entidad argumenta que «si todo eso funciona solo en castellano, los programas más sólidos y ambiciosos tendrán una acción bien limitada. Por eso, además de un decreto que fije el modelo educativo valenciano, nos hace falta una Ley de Igualdad Lingüística que asegure que los valencianos valencianohablantes podemos vivir en nuestro país en nuestra lengua y con la misma normalidad que lo hacen quienes usan el castellano».