La Fiscalía no ve delito en la actuación de Rita Barberá respecto a los símbolos franquistas en Valencia

Lo que aún sigue pendiente es el dictamen que debe elaborar el Ministerio Público por otra de las causas que han llegado al Supremo contra Barberá, que es la remitida por el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez , por presunto blanqueo en el grupo municipal del PP en el Consistorio en el marco de la denominada 'Operación Taula' derivada del caso Imelsa.

En este caso, la exposición razonada fue remitida al Tribunal Supremo el pasado 21 de abril por el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, quien investiga a un total de 47 personas más el PP, imputado como persona jurídica, por las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El asunto sobre la memoria histórica le fue remitido al Tribunal Supremo a finales del pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, que alegó la condición de aforada de la parlamentaria para declararse incompetente respecto de este asunto.

Tras acreditar la condición de Barberá como miembro del Senado --forma parte de su Comisión Permanente y además es diputada autonómica, por lo que su puesto no es renovado tras las últimas elecciones del 26-J-- el alto tribunal solicitó informe a la Fiscalía.

Después de analizar el dictamen del Ministerio Público, la Sala de Admisiones del alto tribunal tomará una decisión en los próximos días, según han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

El asunto de la Memoria Histórica contra Rita Barberá llegó al Supremo en la mismas fechas que el anterior, en una exposición razonada remitida al alto tribunal por el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia.

A este órgano es al que llegó la querella que interpusieron los socialistas valencianos , el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso, concretamente por no retirar símbolos franquistas de las calle de la capital.