Familias de zonas castellanohablantes denuncian que la Generalitat retrasa meses su exención del valenciano

«Esa demora es para que las familias lo vean como una obligación, que la Administración no conteste no es casual, y una vez que en los hogares ya han comprado el material, los libros... y los hijos hacen los deberes, pues muchas se resignan, cuando ya ha pasado medio curso», relata la representante de las AMPA.

A su juicio, lo normal y razonable es que estas solicitudes se resolvieran «como máximo en una semana», porque mientras está en espera, se obliga a los alumnos a estar en esa clase de valenciano, con lo que, en definitiva, se pierde el derecho.

«La exención nos la están quitando y en zonas castellanohablantes como la Vega Baja , se te tiene que conceder», enfatiza Terrero, que recuerda que estos retrasos que considera injustificados se producen desde hace unos dos o tres años, en los que COVAPA recibe las reclamaciones de familias afectadas.

«Es desde que está este nuevo gobierno de la Generalitat», el del Botànic ( PSPV-PSOE con Compromís y Unides Podem ). La Conselleria de Educación está dirigida por Vicent Marzà, de la formación nacionalista.

Ahora llega otra polémica lingüística , a cuenta de la nueva Ley Celaá y la eliminación del castellano como lengua vehicular . «La ministra está empeñada en que los hijos no son los padres y el castellano no es su lengua, cuando lo hablan 500 millones de personas y es la segunda más hablada del mundo», critica la presidenta de COVAPA.

«Estoy indignada , porque proteger una lengua no es obligar a su uso y así lo que consiguen es que la gente se vuelva en contra; el artículo 3 de la Constitución lo dice, y hay sentencias: nadie tiene que conocer las lenguas cooficiales», señala Terrero.

En su opinión, «la ministra Celaá va desencaminada, eso lleva al rechazo, ya que el partidismo , no la política, tiene que estar fuera de la escuela». Y ya adelanta que si la nueva ley no se retira a tiempo, pedirán su derogación , ya que se ha llevado adelante sin consenso.

De hecho, en la Comunidad Valenciana el decreto sobre plurilingüismo aprobado por la Generalitat en la pasada legislatura se topó con cinco sentencias en contra por discriminar a los alumnos que eligen castellano y vulnerar sus derechos fundamentales.

El Ejecutivo del PSOE y Compromís sintetizó la esencia de aquel polémico decreto en una ley que continúa «discriminando al castellano y dando prioridad al valenciano como lengua de uso común en los centros escolares y en las comunicaciones a las familias», según denuncia la plataforma Educación en Libertad.