Detienen al subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, en una operación contra la corrupción urbanística

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) también ha arrestado al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau , antiguo dirigente del PP y «número dos» durante años de Rita Barberá, así como a una de sus hijas, y al empresario Jaime María Febrer, según ha confirmado ABC en fuentes de la investigación. Entre los arrestados también se encuentran el abogado y director jurídico de la empresa de la Diputación de Valencia Divalterra, José Luis Vera.

La causa que se investiga desde el año 2017 en el juzgado de instrucción número 13 de Valencia permanece bajo secreto de sumario y está abierta por los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias .

La operación Azud comenzó a raíz de la detención en 2019 del que fuera cuñado de Rita Barberá , el abogado José Luis Corbín. Los investigadores creen que el letrado era el encargado de controlar el cobro de comisiones ilegales a contratistas del Ayuntamiento de Valencia. Las mordidas que se investigan se habrían producido entre 2005 y 2010. Rubio fue portavoz del grupo socialista en el Consistorio de la capital del Turia entre los años 2003 y 2007 y sustituyó tres años antes al actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos , como secretario general del PSPV-PSOE en la ciudad de Valencia.

En un escueto comunicado emitido este jueves, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero , ha anunciado el «cese inmediato» de Rafael Rubio , que llegó al cargo en el verano del año pasado, y ha mostrado su «respeto, como no podía ser de otro modo, la actuación llevada a cabo por la Justicia».

En paralelo, el PSPV-PSOE ha anunciado que activa el proceso para suspender de militancia a Rafael Rubio, un dirigente histórico de los socialistas valencianos, tras tener conocimiento de la operación judicial.

[Rafael Rubio: un histórico del socialismo valenciano que le disputó la Alcaldía a Rita Barberá]

Al respecto, la secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, ha anunciado que ha solicitado a la dirección federal del PSOE la apertura de expediente disciplinario y la suspensión de militancia.

Las detenciones de Rafael Rubio, hasta hoy alto cargo del Gobierno socialista y exconcejal , y de Alfonso Grau son fruto del estudio de la documentación intervenida en la primera fase de la operación Azud.

Según la investigación de la UCO, los políticos implicados en el caso podrían haber obtenido beneficio económico a cambio de determinadas adjudicaciones inmobiliarias de suelo público tanto para infraestructuras como para promociones de VPO. De acuerdo con las pesquisas, los sobornos percibidos habrían alcanzado entre el millón de euros en el caso de Grau y los 300.000 en el de Rubio.

La implicación de Rafael Rubio se remonta a su etapa en la que era concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia y se habrían producido las irregularidades que ahora se investigan.

El hasta este jueves subdelegado del Gobierno en la provincia tiene otra causa judicial abierta en el marco del conocido como caso Imelsa por la la contratación de personas que cobraban un sueldo pero no acudían a trabajar en la Diputación de Valencia .

Tras conocerse su imputación en este procedimiento, Rubio se desvinculó de los hechos y aseguró que fue «extremadamente escrupuloso» con los contratos que hizo en 2011 a dos asesoras a su cargo en la Diputación, unas plazas que no se crearon a instancia suya. También negó pertenecer a ninguna organización criminal.

Rafael Rubio ha sido arrestado a primera hora de este jueves en su domicilio y está acusado de participar en la adjudicación de diferentes infraestructuras en suelo público a cambio de mordidas. Los agentes han registrado su casa y han precintado el despacho que ocupaba hasta ahora en la Subdelegación del Gobierno en Valencia.

La causa abierta desde el año 2017 investiga presuntas comisiones con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia habría realizado, entre otros, al bufete del letrado José María Corbín.

Al margen de los arrestos de Rubio, de Grau y su hija y de Febrer, la UCO ha detenido este jueves a otras nueve personas más en el marco de la operación Azud en las ciudades Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso (Ciudad Real).

La investigación sitúa en el epicentro de la trama al empresario Jaime María Febrer , cuya compañía, Construcciones Valencia Constitución, fue disuelta por un juzgado tras un proceso de liquidación.

En el punto de mira de la UCO se encuentra una operación por importe de trescientos millones de euros para la adquisición de unos terrenos en la zona donde se celebró la Copa América de vela en Valencia.

Los investigadores creen que Febrer habría adquirido derechos de construcción sobre parcelas de suelo público al aprovecharse de la trama de presuntos amaños que ha terminado con su detención y la Rubio y Grau.

El exvicealcalde de Valencia fue condenado a cuatro años de cárcel -una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)- por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.