Alfonso Grau, procesado por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento de Valencia

Junto a Grau, investigado en el conocido como caso Imelsa , está así mismo procesado el empresario Urbano Catalán, responsable de Transvia. Tras este auto de 'palo', dictado por el Juzgado de Instrucción número 19 de València , las acusaciones y defensas deben solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.

Según se ha investigado en este procedimiento, Transvia regalaba supuestamente a cambio de contratos relojes de alta gama al exvicealcalde, que el exedil del PP en el consistorio presuntamente cambiaba por otros de precio superior y abonaba la diferencia, sistema que constituiría un blanqueo.

Los investigadores han podido rastrear esta actuación porque en los relojes figura el número de serie , que han podido cotejar en el establecimiento donde se hacían los cambios, y así comprobar el proceso.

Tanto Grau como Catalán se acogieron a su derecho a no declarar en su citación ante la jueza en marzo de 2016. Catalán es el responsable de la empresa Transvia y Viajes Privilege, que gestionan el 'bus turístic' en Valencia, una actividad que se hace con autorización administrativa.

Las diligencias se abrieron a finales de 2015 cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía contra ambos investigados --término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal--. El empresario está imputado por cohecho como parte activa del delito y el exedil como parte pasiva.

Grau y el empresario Urbano Catalán fueron detenidos el 22 de febrero de 2016 y quedaron en libertad con cargos tras pasar ante la Guardia Civil, donde tampoco declararon.

Los agentes registraron la casa del exvicealcalde durante cinco horas e intervinieron en su domicilio diferentes relojes de alta gama que supuestamente podría haber recibido a cambio de adjudicaciones irregulares de contratos municipales a Viajes Transvia Tour y otras filiales del mismo grupo.

La empresa Transvía expresó, a través de un comunicado tras la detención de Catalán, su "sorpresa" ante la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y defendió que "la totalidad de las contrataciones públicas en el tiempo realizadas para con el Ayuntamiento de Valencia" y con "otros organismos oficiales durante más de 45 años, fuere cual fuese el color político del gobierno de los mismos, han sido adjudicadas a esta entidad tras el concurso publico correspondiente".