La mano derecha de Rita Barberá y un empresario, detenidos por cohecho

Tras los registros, los dos detenidos fueron llevados a la Comandancia de Patraix. Alfonso Grau llegó sobre la una y media de la tarde y a las cuatro menos veinte ambos quedaban libres, pero imputados. La puesta en libertad del exvicealcalde se produjo después de que se negara a declarar y como consecuencia de una comunicación de la Audiencia de Palma al juez instructor -titular del Juzgado 19-, en el sentido de que tenía prioridad la citación judicial por el caso Nóos, en el que está acusado y que se renuada hoy en la capital palmesana.

Hay que precisar, además, que la detención fue policial ; es decir, no fue ordenada por el juez del caso. Al parecer, la Guardia Civil habría encontrado serios indicios sobre la presunta recepción por parte de Grau de algún regalo que le habría hecho el empresario tras producirse la citada adjudicación, lo que supone un cohecho activo por parte de éste, al ser el que hace el pago. El registro de la joyería estaría relacionado con esa dádiva.

Estas detenciones no están relacionadas con la trama de corrupción investigada en la operación Taula - en la que Grau no está imputado por ahora, pero sí su esposa -, aunque fuentes consultadas por ABC confiaban en que del registro del domicilio se obtuvieran evidencias para poder acumular ambas causas, «ya que el modus operandi es similar».

Precisamente la mujer de Alfonso Grau y también exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón fue una de las veinticuatro personas que fueron detenidas a finales del pasado mes de enero en el marco del caso Imelsa, por supuestas «mordidas» ilegales en la adjudicación de contratos públicos.

Sobre la operación Taula, las fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC señalaron que en uno de los informes que obran en la causa se apunta la posibilidad de que el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps estuviera al corriente de las actividades corruptas, según se desprende de algunas grabaciones.

«No hay datos definitivos sobre este asunto -señalan las mismas fuentes-, pero es cierto que se trata de una línea de investigación en la que se está trabajando». Es más, no solo Camps, según esos indicios, conocería el cobro de comisiones a empresarios por adjudicaciones de servicios o de obras públicas, sino también Víctor Campos , en su día secretario de Organización del PP valenciano y vicepresidente autonómico, y Rafael Betoret , ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo.

En esos mismos documentos de la investigación, según las fuentes consultadas, se sugiere otro elemento inquietante, como es que parte del dinero recaudado de forma ilegal en Valencia pueda haber acabado en las arcas del PP nacional. «Era una corrupción institucionalizada -insisten los medios consultados -; sobre todo a partir de la llegada de Alfonso Rus a la presidencia de la Diputación. Es entonces cuando se dispara la recaudación y los gastos para publicidad, mítines, y todo tipo de actos para el partido».

La Cadena Ser fue ayer aún más lejos y precisó que en el PP valenciano había hasta cinco cajas «B» donde el partido ingresaría el dinero de las mordidas. Y añade que los investigadores de la UCO consideran que el PPCV era una «organización criminal» y que el propio expresidente era el responsable de recaudar esas mordidas y el encargado de aportar ese dinero a la caja «B» del PP valenciano y nacional. Camps lo negó de forma tajante y ha emprendido acciones legales.

Por el momento no está cuantificado el dinero que se recaudó de forma irregular, pero las cifras pueden ser bastante altas, ya que desde que llegó Rus «la trama funcionaba a lo bestia», como define de forma gráfica una fuente del caso que avanza, además, que las próximas novedades a corto plazo afectarán a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La investigación está ya muy avanzada, por lo que el juez instructor podría elevarla al Supremo -Barberá es aforada como senadora- sin que esto supusiera su paralización. Tal como avanzó ABC, la exposición razonada del instructor para que el Supremo cite a Barberá podría presentarse a lo largo del mes de marzo.

Ayer mismo, de hecho, declararon los últimos tres investigados (imputados) por el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el seno del PP de Valencia. Se trata de tres asesores del grupo municipal de ese partido en el Ayuntamiento de Valencia.

Las 49 personas que han declarado ante el juez en calidad de investigadas mantienen tras su paso por sede judicial su condición de imputados. El juez, que busca al cabecilla de la trama, prorrogó el secreto de sumario hasta el día 14 de marzo.