El coste anual de atender a los inmigrantes irregular es tres millones inferior al del gasto de Sanidad en un día

Además, 6,8 millones del presupuesto para atender a inmigrantes sin regularizar ya se estaban asumiendo , lo que supone que el coste adicional de la aplicación de este decreto para la Generalitat se ha calculado en 6,05 millones de euros.

Así figura en una respuesta, recogida por Europa Press, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón , sobre el coste del acuerdo de atención sanitaria universal, que formulaba el diputado de Ciudadanos Juan Ginés Córdoba.

Al respecto, Montón ha explicado que en la Comunitat Valenciana el Real decreto 16/2012 excluyó del derecho a la sanidad universal a 127.000 personas inmigrantes en situación irregular.

Montón señala que esta medida fue adoptada por el ejecutivo nacional " basándose en un supuesto ahorro económico que no fue avalado ni acreditado por ningún informe, y no se tuvo en cuenta, además, el sobrecoste que suponía la derivación a la atención de urgencias, donde el coste es mucho superior al de la atención primaria".

En todo caso, " la medida resultó regresiva y discriminatoria " ya que "perjudicó a un colectivo en claro riesgo de exclusión social y ya vulnerable de por sí". Por ello, con el Decreto ley 3/2015, que regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana, querían "corregir un grave problema social" generado por el Real decreto 16/2012.

" No se trata, por tanto, de una cuestión económica sino de derechos humanos , ya que miles de personas en nuestra comunidad vieron coartado el derecho universal a la salud que protege nuestra Constitución", ha recalcado Montón, que ha aclarado que "esta medida no se ha tomado teniendo como eje el trasfondo económico que comportará".

No obstante, ha indicado que antes de implantar la medida, se ha evaluado el impacto económico que provocaría en el presupuesto de la Generalitat. Así en la memoria económica se ha calculado que esta medida beneficiará a 30.000 personas.

Teniendo en cuenta que ya se estaban asumiendo alrededor de 6,8 millones de uros anuales por las prestaciones recogidas en el artículo 3 del Real decreto ley 16/2012, de 20 de abril, se considera que el coste adicional que conllevará la aprobación de este decreto será de 3,25 millones de euros en prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas y otros 2,8 millones de euros en asistencia sanitaria.

De este modo, el coste de la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular es de 12,85 millones, de los cuales 6,8 ya se estaban asumiendo, lo que supone que el coste adicional de la aplicación de este decreto para la Generalitat será de 6,05 millones.

El Tribunal Constitucional (TC) decidió levantar el pasado viernes la suspensión cautelar acordada a principios de noviembre sobre la normativa de la Generalitat Valenciana reguladora del acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular.

A principios de noviembre el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la norma valenciana reguladora del acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, lo que suponía la suspensión automática de la normativa recurrida.

La Generalitat presentó un recurso ante el TC para pedir el levantamiento de la suspensión , una solicitud que justificó en una "imperiosa necesidad" ya que aludía a la posibilidad de que se produjera un aumento del número de infecciones e ingresos hospitalarios y riesgo de contagio de la población de determinadas enfermedades en el caso de mantenerse la suspensión y cita los ejemplos de casos en los que se había atendido esta petición de levantamiento en autonomías como el País Vasco y Navarra