Así es el decreto de sanidad universal que ha suspendido el TC

La Generalitat Valenciana fue el primer Gobierno salido de las urnas de las últimas elecciones de mayo que anunció la extensión de la asistencia sanitaria a todos los empadronados en su territorio.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó en octubre un recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley valenciana porque consideró que invade sus competencias. El tribunal de garantías ha admitido a trámite el recurso, lo que supone que la norma no se puede aplicar en cinco meses, por lo que el conflicto de competencias se resolverá cuando se haya constituido un nuevo Gobierno.

La Generalitat pretendía ejercer de punta de lanza de las medidas de sanidad universal que pretende implantar el PSOE en toda España.

Estas son las medidas que establecía la norma valenciana y los argumentos esgrimidos por el Gobierno en su recurso.

El cálculo inicial es que la medida beneficiará a 30.000 personas que ahora no tienen garantizadas todas las prestaciones sanitarias en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Las únicas condiciones para acceder a la cobertura son las de llevar tres meses empadronados en un municipio de la región, no tener un seguro privado, ni ser nacional de un país que tenga firmado un acuerdo con España que le obligue al pago. A finales de julio se comenzó a expedir una tarjeta sanitaria similar a las SIP convencionales tras la entrada en vigor del Decreto Ley 3/2015 que daba «respuesta a la situación de indefensión sanitaria» en la que se encontraban las «personas extranjeras en situación administrativa irregular y socialmente desfavorecida».

La cobertura incorpora, además de la cartera común básica de servicios , la asistencia especializada en hospital y su tratamiento farmacológico. También incluye la prescripción de medicamentos y las prestaciones ortoprotésicas. A cada inmigrante se le asignará un facultativo de medicina general .

El Ejecutivo considera que la norma autonómica puede incurrir en extralimitación competencial. La jurisprudencia constitucional establece que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y las prestaciones en materia de sanidad, así como la financiación de la sanidad pública. Según el Gobierno, el decreto-ley de la Comunitat Valenciana vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la sanidad e incurre en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado.