El Constitucional da vía libre a la atención sanitaria universal en la Comunidad Valenciana

El pasado mes de noviembre la Generalitat solicitó al TC que levantara la suspensión que recaía sobre el decreto ley autonómico que regula el acceso universal a la atención sanitaria, cuyo fin es dar atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular , y que fue impugnado por el Gobierno por entender que suponía una extralimitación competencial.

El Gobierno valenciano también presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional el 14 de diciembre para pedir la confirmación " en todos sus extremos " del decreto ley autonómico aprobado el pasado mes de julio por considerar que no tiene "ningún vicio de inconstitucionalidad".

El cálculo inicial es que la medida beneficiará a 30.000 personas que ahora no tienen garantizadas todas las prestaciones sanitarias en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Las únicas condiciones para acceder a la cobertura son las de llevar tres meses empadronados en un municipio de la región, no tener un seguro privado, ni ser nacional de un país que tenga firmado un acuerdo con España que le obligue al pago. A finales de julio se comenzó a expedir una tarjeta sanitaria similar a las SIP convencionales tras la entrada en vigor del Decreto Ley 3/2015 que daba «respuesta a la situación de indefensión sanitaria» en la que se encontraban las «personas extranjeras en situación administrativa irregular y socialmente desfavorecida».

La cobertura incorpora, además de la cartera común básica de servicios , la asistencia especializada en hospital y su tratamiento farmacológico. También incluye la prescripción de medicamentos y las prestaciones ortoprotésicas. A cada inmigrante se le asignará un facultativo de medicina general.

Ximo Puig ha destacado que la decisión del Constitucional permite prestar el servicio "sin ningún tipo de obstáculo legal" y da garantías para que la universalización de la sanidad sea una realidad en la Comunitat Valenciana.

Ha defendido que prestar atención sanitaria es una cuestión de sentido común y de racionalidad, y ha dicho que espera que más pronto que tarde el Gobierno central derogue el decreto del PP sobre sanidad universal que es, a su juicio, " absolutamente negativo para los intereses humanos de una sociedad ".

La sociedad valenciana, ha declarado, "no entiende" que no se pueda atender a una persona por razón de origen. "No es una cuestión de papeles, es una cuestión de dignidad y de derechos humanos que los valencianos asumimos como propia", ha agregado.

Ha insistido en que los médicos y los centros públicos "ya no tienen que tener ningún tipo de obstáculo" para la atención a inmigrantes.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha explicado que durante el tiempo de suspensión del decreto ley valenciano que devolvía la sanidad universal se aplicaron unas instrucciones ya existentes, lo que "blindaba" la cobertura sanitaria autonómica si bien no tenían rango de ley.