Compromís y PSOE pactan una ordenanza contra la prostitución en Valencia al margen del pulso entre Oltra y Bravo

Los grupos que forman el Gobierno municipal han consensuado un texto que ha sido aprobado con la abstención de PP y Vox y la oposición de Cs, que partía de una moción socialista por la abolición de la prostitución. El documento se ha completado con algunos puntos propuestos por Compromís, que consideraba que la redacción inicial « se quedaba corta » porque esta violencia contra las mujeres -una de las «más crueles»- requiere de un abordaje «poliédrico que necesita de una mirada amplia y trasversal», según ha explicado la concejala de Igualdad, Lucía Beamud.

De este modo, ambas formaciones políticas han llegado a un acuerdo para reafirmar el compromiso de Valencia como ciudad abolicionista de la prostitución. En ese sentido, en la moción se insta a que todos los partidos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados que «cierren filas ante la esclavitud del siglo XXI que es la prostitución».

Asimismo, la moción también insta a la modificación de otras normativas como la Ley de extranjería y la Ley de seguridad ciudadan a «porque sancionan y son perjudiciales para las mujeres y especialmente para las mujeres más vulnerables». Además, la nueva ordenanza irá acompañada de un plan de análisis, de intervención integral y ayuda a las mujeres prostituidas.

Al respecto, la vicealcaldesa socalista Sandra Gómez ha recalcado que es «fundamental, innegociable e irrenunciable» que se confirmara esta posición abolicionista de la ciudad porque es«una cuestión sobre derechos humanos».

«Hay que acabar con el falso debate de que la prostitución es trabajo sexual, no, es esclavitud sexual que afecta a los derechos humanos de las mujeres más vulnerables», ha recalcado la edil socialista, que ha insistido en « terminar con la ficción de hablar contrato sexual porque este supuesto libre consentimiento esconde una asimétrica en que la mujer está sometida a la dominación».

Por ello, a las mujeres que abogan por una regulación les ha replicado: «el problema es que parece que no nos afecta porque afecta a las mujeres que son invisibles por ser pobres y extranjeras y que no nos importan en una absoluta falta de empatía». «Se dice que es un trabajo cualquiera pero no para mí, para ellas, y lo que no quiero para mí ni para mi hija no puedo quererlo para ninguna mujer de esta ciudad ni del mundo», ha recalcado.

Por su parte, Beamud (Compromís) ha recalcado que solucionar este problema «requiere ir a la raíz, a la demanda, con programas de sensibilización para acabar con esta cultura como por ejemplo ocurre en las despedidas de solteros», así como de prevención, como talleres en los centros educativos y de formación al profesorado sobre la pornografía que es la única educación sexual que reciben los jóvenes, y también con programas de itinerarios y una renta mínima para que las mujeres «puedan salir y tener un proyecto de vida autónomo».

Por su parte, la concejal popular Marta Torrado ha recalcado que la prostitución « no puede legalizarse porque no es un trabajo » y el Estado «no puede lucrarse de la explotación sexual que atenta contra la dignidad de las mujeres y el dinero que se les paga esconde la violencia que se ejerce contra ellas».

No obstante, ha criticado las discrepancias entre las consellerias de Justicia, la socialista Gabriela Bravo, y la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónia Oltra, de Compromís, y que en siete años de gobierno no hayan penalizado la prostitución. Por ello, justifica su abstención en que aunque hay «muchas cosas» de la moción que les gustan, quiere saber el contenido de la nueva ordenanza y de la reforma del código penal.

Por otro lado, Rocío Gil, de Cs, ha señala que la posición de su grupo es clara: « derechos, libertades, garantías y regulación ». Además, les ha recriminado que en siete años «no han sido valientes para afrontar este tema» y ha pedido una mesa con «todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales para abordar este tema». El grupo de Vox no ha intervenido.

Al margen de este acuerdo, a nivel autonómico las discrepancias siguen vigentes después de que la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra considerara que la modificación de la ley de Espectáculos Públicos que plantea el departamento de Justicia de Gabriela Bravo para abolir la prostitución «no resulta apropiada» porque la erradicación de esta práctica es «competencia estatal» y le acusa asimismo de «arrogarse competencias» en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, que corresponden a su área de gestión.

En el informe de alegaciones al anteproyecto cuestiona que la penalización de la demanda de la prostitución que persigue la iniciativa de Bravo para conseguir abolir esta práctica supone «de facto una sanción indirecta » a las mujeres que la ejercen, que agrava su vulnerabilidad, «aumenta su estigmatización social» y debilita sus redes de apoyo.

Del mismo modo, se afirma que la prostitución es una forma de violencia de género. «Se trata pues de materias, todas ellas, competencia de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas», recalcó. Por ello, concluyó que la Conselleria de Justicia « no es competente en materia de igualdad de género , reconocimiento de los derechos de las mujeres y lucha contra la violencia de género y machista».