El comercio alicantino aplaude la rebaja fiscal de Carlos Mazón frente a la falta de apoyo de Ximo Puig

El presidente del gremio, Carlos Baño , ha valorado el «importante esfuerzo que ha realizado la Diputación de Alicante para reducir al mínimo el Impuesto de Actividades Económicas, lo que demuestra su compromiso para favorecer la reactivación de los sectores más castigados por la crisis, como es el caso del comercio».

Se ha referido así al anuncio de Mazón de rebajar el IAE al 10% en 2021, al 5% en 2022 y situarlo en el 0% en 2023 .

Por eso, ha reclamado a las demás administraciones «que adopten medidas similares para generar las condiciones necesarias para un mayor dinamismo económico que incentive también la creación de empleo y consolide la recuperación económica».

En el caso de la Generalitat, ha planteado «que apruebe rebajas en los impuestos que gestiona que afectan a la actividad económica para dar un respiro a miles de pequeñas y medianas empresas, autónomos y establecimientos comerciales, ahogados por las restricciones motivadas por la pandemia y cuyos costes fijos siguen incrementándose, debido entre otras cuestiones a la desbocada subida de la tarifa eléctrica».

También ha pedido el gobierno autonómico de Puig que « desatasque la gestión de las ayudas prometidas y agilice el proceso burocrático para que no se pierdan millones de euros vitales para la viabilidad del sector». Tras analizar el proceso de concesión de fondos, han detectado deficiencias: «Las condiciones para acceder a las ayudas generan dudas y existen muchas trabas para conseguirlas», por lo que ha pedido un sistema más sencillo y que permita que todos puedan acogerse. «Existe mucha diversidad y tipología de comercios y no todos han sufrido el impacto de la pandemia de la misma forma, pero todos han sufrido las consecuencias por lo que hay que articular convocatorias que de verdad no dejen a nadie fuera».

El presidente de Facpyme ha puesto de relieve que esta situación «amenaza al sector económico que más empleo genera en España –cerca de 3,25 millones de personas-, en la Comunidad Valenciana –casi 377.000 afiliados a la Seguridad Social- y en la provincia de Alicante –unas 138.000 personas-, por lo que urge que las administraciones públicas adopten medidas reales y efectivas para evitar el cierre de más comercios».

Igualmente, Baño ha exigido al Gobierno de España «una solución urgente para frenar la escalada en el precio de la luz que está poniendo en jaque a miles de comercios. Las franjas horarias más caras coinciden con las horas en las que los establecimientos comerciales desarrollan su actividad , lo que implica unos gastos difícilmente asumibles por los pequeños y medianos comercios».

«Hacen falta medidas contundentes, rebajar las tasas que incluye la factura de la luz y una reducción del IVA a la que pueda acogerse todo el sector, porque la aprobada por el Gobierno deja fuera a 3 de cada 4 negocios ya que la potencia que tienen contratada es superior a los 10kw establecidos como límite para beneficiarse del IVA reducido», ha añadido.