Empleados de la empresa encargada de la campaña del PP en 2007 admiten que se modificaron facturas

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado incluye varios testimonios de trabajadores de Laterne Product Council (LPC) –la empresa de comunicación que organizó la campaña municipal de 2007– en los que se admiten cambios en las facturas con las que se sufragaban los gastos electorales.

Uno de los proveedores llega a asegurar que le volvieron a remitir dos facturas para que modificara el concepto , que inicialmente era «campaña ayuntamiento» por «campaña», no recibiendo ninguna explicación al respecto.

En otra de las declaraciones, una empleada de Laterne recuerda que Jesús Gordillo –exasesor del que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau– le dio «alguna indicación sobre cambio de concepto en la facturación de proveedores, si bien no recuerda que fuera una paráctica habitual». Ella y otros compañeros, comenta, tuvieron que llamar a proveedores «para que cambiaran el concepto de la factura, guardando la modificada junto a la anteriormente emitida», desconociendo el motivo de esta petición.

Además, señala que cuando dejó la empresa habló con una de las compañeras de su departamento y le comentó que el dueño de la empresa, Vicente Sáez, les había dicho que «tenían que cambiar el concepto de muchas facturas».

Otro de los testigos que también trabajó para Laterne indica igualmente que Sáez mencionaba los proyectos «con nombres que no guardaban relación con el trabajo realizado, tales como ‘cebolla’ o ‘azafrán’ » y tan solo ciertas personas cercanas a él «tenían conocimiento de en qué consistían».

En esta pieza del caso Taula se investigan aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones a Laterne . El coste oficial de los gastos electorales era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los tres millones de euros.

Otro de los informes de la UCO basado en la documentación entregada a la Fiscalía por Jesús Gordillo destaca cómo en estos papeles se relacionan determinados gastos en los que habría incurrido la empresa por servicios contratados. Éstos procederían de asociaciones, fundaciones y terceras empresas, «sin que hasta la fecha haya constancia de que el grupo municipal del PP que habría contratado esos servicios realice pago alguno a Laterne».

Las sospechas se centran en la Fundación Turismo Valencia, Feria Valencia, Fundación para la Innovación Urbana, Fundación Valenciana de la Calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo pudieron haberse hecho cargo de las deudas del partido con Laterne. Las investigaciones también se dirigen a las empresas Lubasa, Nou Litoral, FCC, Sociedad Agricultores de la Vega, Contratas Prieto, Construcciones Nagres, Secopsa, Balestesa Valencia, PKL Real Estate, Urbana Ducat, Pavasal, BSB Publicidad, Marina Clara, Xilxes Golf Resort, Construcciones Luján, Prodese Edival, Agora Patrimonial, Edificaciones Prieto, Inmotec, Rover Alcisa o Aprico, muchas de ellas adjudicatarias del consistorio valenciano.