Un exasesor de Grau lo señala como el responsable de las facturas falsas para sufragar las campañas del PP

En las declaraciones de su exasesor Jesús Gordillo tanto ante la Guardia Civil como ante el juez, a las que ha tenido acceso ABC, éste explicó que cuando trabajaba en Laterne –la empresa de comunicación que organizó la campaña municipal del PP para los comicios de 2007– Grau le entregó en efectivo 350.000 euros en billetes de 500 para pagar las cantidades que empresas subcontratadas exigían por servicios prestados relacionados con actos de esa campaña, en la que Barberá se presentaba a la reelección. Igualmente, le dio instrucciones para recoger de la constructora Secopsa un cheque bancario por importe de 150.000 euros.

El exasesor del que fuera vicealcalde de Valencia lo señala como el responsable de las facturas falsas para sufragar estos gastos electorales. En concreto, relata que, por orden de Grau, desde el departamento de administración se giraron facturas a las empresas que habían aportado los 500.000 euros para dar soporte a esa entrada de dinero «y de esa forma ocultar que realmente eran distintas empresas las que asumían el coste de determinados gastos electorales en los que había incurrido el PP».

Sobre los proveedores, señaló que se les encargó que realizaran trabajos para la campaña, por lo que facturaron con los conceptos «auténticos» del servicio prestado. Pero como finalmente el partido no se iba a hacer cargo de determinados gastos, «se eliminaron las alusiones a la campaña electoral» .

A raíz de este testimonio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga a varias empresas constructoras y fundaciones de la Comunidad Valenciana que habrían realizado esas aportaciones económicas encubiertas para la campaña de 2007.

El juez Víctor Gómez entiende que de la documentación obtenida en Fiscalía tras ser entregada por el diario Valencia Plaza existen indicios de que, a través de Laterne, se encargaron y pagaron servicios prestados por terceras empresas por actos de campaña del PP de 2007 y aportaciones económicas de terceras empresas y fundaciones públicas.

Estos hechos, en opinión del magistrado, además de poder integrar delitos autónomos, en principio conexos, de malversación y cohecho, son igualmente indicativos de un posible «delito electoral encadenado en términos de continuidad» con los ya investigados correspondientes a las elecciones de 2011 y 2015. Asimismo, podrían guardar relación y ofrecer información relevante acerca de las fuentes de financiación del grupo popular del Ayuntamiento de Valencia, en relación con el delito de blanqueo que se instruye en esta misma pieza y por el que medio centenar de concejales y asesores se encuentran imputados al haber realizado donaciones de mil euros para las campañas que les habrían sido devueltas supuestamente en dos billetes de 500.