La Audiencia mantiene la condena a José Luis Olivas y Vicente Cotino de año y medio de prisión por fraude

Así consta en una resolución en la que el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado y por el ministerio fiscal y desestima los interpuestos por Olivas y Cotino contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia que les condenó a año y medio de prisión por delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública. En concreto, se les fijó esta pena por falsificar una factura de 500.000 euros más IVA (80.000 euros) por un trabajo no realizado y causar un perjuicio a Hacienda.

Frente a esta pena, la Abogacía de la Generalitat interpuso un recurso y solicitó que se eliminara la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas al alegar que esta circunstancia solo se aplica en los tiempos invertidos en la tramitación del procedimiento y no entre la comisión del hecho y la formulación de la denuncia.

La Audiencia estima este argumento y decide en su resolución eliminar esta circunstancia atenuante. Sin embargo, no modifica la pena de prisión, que había quedado en un año y medio precisamente por esta medida. La Abogacía del Estado les reclamaba dos años y medio por los mismos delitos y la Fiscalía tres.

Por su parte, tanto Olivas --imputado en Madrid por la quiebra de Banco de Valencia-- como Cotino también presentaron su recurso ante la Audiencia, pidieron la absolución y aludieron a la presunción de inocencia y a la ausencia de pruebas para condenarles.

El tribunal rechaza sus argumentos y mantiene que la supuesta comisión recibida por Olivas por su intervención en unas negociaciones con Iberdrola "no es admisible" al concepto de gestión y asesoramiento con el que se revistió la factura justificativa de los gastos de la empresa pagadora --de Cotino--.

"No decimos con ello que no sea una comisión equivalente a otras intermediaciones en negocios de elevada cuantía, lo ignoramos. Lo que afirmamos con rotundidad es que no constituye un gasto de empresa por pago de trabajos de gestión y asesoramiento, que es el hecho configurador de los delitos imputados, según los precios de mercado notoriamente conocidos".

La operación cuestionada es una factura de 580.000 euros que emitió Olivas, a través de su empresa Imarol, a Cotino, dueño de Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., al que pertenecía Sedesa, por presuntamente asesorarle y ayudarle a vender el 25% de sus activos de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. --accionarada por Endesa (55%), Sedesa (25%) y Bancaja (20%)-- a Endesa. La venta se llevó a cabo, pero la jueza entendió que Olivas no realizó el trabajo por el que cobró esa cantidad de dinero.