Las agencias de inteligencia de EE.UU., junto con el CNI y otros aliados, alertan a España y otros socios del riesgo de espionaje de China

El escrito, de carácter internacional y clasificado como Advertencia de Ciberseguridad (CSA, siglas en inglés), fue emitido este 27 de agosto y distribuido entre los gobiernos aliados y facilitado a ABC por funcionarios estadounidenses. El documento, compartido con el gobierno español, revela un patrón de intrusiones sistemáticas en redes de telecomunicaciones, transporte, defensa y servicios esenciales.

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Según las agencias firmantes, esas actividades maliciosas se remontan al menos a 2021 y tienen como objetivo garantizar accesos persistentes a sistemas sensibles para sustraer datos y comprometer la seguridad nacional de los Estados afectados.

El documento identifica directamente a tres compañías chinas como responsables de esas operaciones: Sichuan Juxinhe Network Technology, Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology y Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology. Todas ellas habrían servido como tapaderas para el aparato de inteligencia de Pekín, facilitando operaciones de ciberespionaje a escala global.

«Las investigaciones han identificado múltiples intrusiones en redes críticas por parte de actores estatales chinos», señala el informe. «La actividad detectada incluye la explotación de vulnerabilidades en telecomunicaciones, transporte, alojamiento e infraestructura militar, con el objetivo de establecer persistencia y extraer información sensible».

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El FBI estadounidense y el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) británico vinculan estos ataques al grupo conocido como Salt Typhoon, ya atribuido a China en anteriores operaciones. Según la CSA, las tres empresas actuaban «en coordinación con entidades del Estado chino, brindando soporte directo a campañas de espionaje contra gobiernos e industrias estratégicas».

El informe no es obra únicamente de Estados Unidos y Reino Unido. Lo suscriben también las agencias de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Finlandia, República Checa y España. En su conjunto, agrupan a las comunidades de inteligencia de la OTAN, los llamados Cinco Ojos y varios aliados europeos y asiáticos clave.

Para España, que figura como país coautor a través del CNI, la implicación es doble: por un lado, aparece como socio en la alerta colectiva; por otro, como posible objetivo de esas operaciones de penetración china. «Los ataques indiscriminados de Pekín a comunicaciones privadas requieren de una colaboración más estrecha entre socios para identificar y contener esta actividad en sus fases iniciales», declaró el agente Brett Leatherman, responsable de la división cibernética del FBI, en un vídeo difundido junto al informe.

La advertencia llega en un momento especialmente delicado para España. Como reveló ABC, la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, ha abierto una investigación formal sobre los contratos adjudicados por el Ministerio del Interior a Huawei, por valor de 12,3 millones de euros, para el almacenamiento de escuchas judiciales.

La revisión, ordenada tras las advertencias de las comisiones de Inteligencia del Senado, a cargo de Tom Cotton, y la Cámara de Representantes, con Rick Crawford a la cabeza, busca determinar si esos contratos comprometen la seguridad de la OTAN y la integridad del intercambio de inteligencia con España. «Hasta que España siga el mismo camino que otros aliados, el Gobierno de Estados Unidos debe asegurarse de que cualquier información compartida con el Gobierno español esté redactada para eliminar los detalles que no deban ser compartidos con el Partido Comunista Chino», advirtieron los presidentes de ambas comisiones en una carta reciente a Gabbard.

En Washington, la publicación de la CSA ha sido interpretada como un respaldo oficial a esa línea dura. La guía confirma que compañías chinas, incluso aquellas sin presencia internacional conocida, pueden ser utilizadas como brazos operativos de la inteligencia de Pekín. Y refuerza la idea de que Huawei, sujeta por ley a colaborar con el Partido Comunista chino, no puede desligarse de esa estrategia estatal.

El informe pone de relieve la dimensión global de la amenaza. Según la CSA, «los datos robados permiten a la República Popular China obtener ventajas estratégicas en ámbitos militares, económicos y políticos». La información sustraída incluye desde planes de infraestructuras críticas hasta comunicaciones diplomáticas y movimientos de fuerzas armadas.

La publicación del aviso en agosto coincide con un repunte de tensiones entre Washington y Pekín en materia tecnológica. Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses la presión para excluir a proveedores chinos de redes 5G y servicios estratégicos en Europa. La OTAN, por su parte, ha incluido en su último Concepto Estratégico la ciberseguridad como pilar de defensa colectiva, con menciones explícitas a la amenaza china.

Para España, el dilema es evidente: mientras participa como coautor de una alerta que acusa a empresas chinas de espionaje, mantiene contratos con Huawei en áreas sensibles. Esta aparente contradicción ha alimentado las suspicacias en Washington, donde ya se estudian medidas de represalia en caso de que el Gobierno de Pedro Sánchez no dé marcha atrás. También preocupan, según dicen las mismas fuentes a ABC, los contactos de determinados políticos españoles cercanos al Gobierno, como José Luis Rodríguez Zapatero, con China.

Fuentes diplomáticas en Washington subrayan que la CSA constituye, en la práctica, una advertencia directa al Gobierno español. «El hecho de que el CNI figure como coautor significa que España es plenamente consciente del riesgo», señaló un funcionario consultado por ABC. «Si al mismo tiempo se mantiene un contrato con Huawei para custodiar escuchas judiciales, la contradicción es insostenible».

Una carta de los congresistas republicanos Gus Bilirakis y Richard Hudson al secretario de Comercio, Howard Lutnick, va en la misma línea. Ambos califican la decisión española como «altamente inquietante» y piden sanciones comerciales contra empresas tecnológicas españolas si Madrid no revoca el contrato. El Departamento de Comercio ha abierto ya un expediente preliminar.

La CSA dedica un apartado central a las recomendaciones para gobiernos y operadores de redes críticas, instando a «revisar periódicamente las configuraciones de red para detectar accesos inusuales», «aplicar parches de seguridad de forma inmediata ante la identificación de vulnerabilidades explotadas» y «adoptar un enfoque proactivo de caza de amenazas en entornos sensibles». El propósito de estas medidas, subraya el documento, es «interrumpir la cadena de ataque antes de que los actores estatales puedan consolidar su persistencia en sistemas comprometidos», una advertencia que refleja la necesidad de anticiparse a intrusiones antes de que resulten irreversibles.

En palabras del propio informe, «los ataques dirigidos por actores estatales chinos no son incidentes aislados, sino parte de una campaña sostenida y coordinada para comprometer infraestructuras críticas y erosionar la seguridad colectiva de los Estados aliados». Ese lenguaje sitúa a España en la primera línea de una coalición de inteligencia que reconoce explícitamente a Pekín como una amenaza sistémica. Y convierte la decisión sobre Huawei en un test inmediato de la capacidad del Gobierno de Sánchez para alinearse con sus socios en la defensa de la seguridad nacional y transatlántica.