El CGPJ afea al Gobierno su anteproyecto sobre el derecho a la defensa judicial

Todos los vocales coinciden en que el Ejecutivo no debería tramitar esa iniciativa como ley orgánica

Y le reprochan que no desarrolle garantías constitucionales como la presunción de inocencia

Pilar Llop (PSOE), ministra de Justicia, en el Congreso jaime garcía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado conocer este jueves su informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, con el que el Gobierno pretende regular la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución. Es ... decir, la posibilidad para cualquier ciudadano de acudir a los «jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión», como reza su literal.

Dicho informe, que se ha aprobado por unanimidad de todos los vocales del CGPJ, tanto conservadores como progresistas, pone reparos a esta iniciativa del Ejecutivo de Sánchez por dos cuestiones fundamentales: por tramitarla como ley orgánica y por no desarrollar los derechos y garantías que reconoce ese artículo de la Carta Magna.

Así, el CGPJ apunta en su informe, del que han sido ponentes Enrique Lucas y José María Macías, que «no se advierte que la norma propuesta encuentre adecuado anclaje en las materias reservadas a la ley orgánica». Recuerda a ese respecto que la propia exposición de motivos admite que el anteproyecto incluye materias que sí caben de este rango legal y otras propias de la ley ordinaria.

El segundo reparo unánime del CGPJ se centra en que el Gobierno no aprovecha esta iniciativa para desarrollar garantías de la tutela judicial recogidas en ese artículo 24 de la Constitución, como los derechos del ciudadano a un juez ordinario predeterminado por ley, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a no declarar, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. «Sosprendentemente, ninguno de estos derechos es objeto de atención específica», denuncia el Consejo General del Poder Judicial, que añade que el anteproyecto del Gobierno «sólo los menciona».

De hecho, el mismo informe apunta que la falta de referencias al juez ordinario predeterminado por ley «constituye una carencia ciertamente importante». Y lo mismo ocurre con las demás garantías constitucionales citadas, hasta el punto de que el CGPJ advierte de que el anteproyecto del Gobierno «guarda silencio» sobre la presunción de inocencia.

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