JpS y la CUP aprueban el Código Tributario de Cataluña, una de las «leyes de desconexión»

El texto contaba originalmente con el rechazo del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) en cuatro aspectos fundamentales (el artículo 111.4 y tres disposiciones adicionales, la sexta, la séptima y la octava del libro segundo) porque vulneraban la Constitución y ponían en riesgo el principio de seguridad jurídica.

Sin embargo, el rodillo secesionista ha tirado por la vía rápida y el nuevo Código Tributario autonómico ha sido aprobado dando cumplimiento al «mandato del 27 de septiembre», en palabras de la ponente relatora, Maria Senserrich (JpS), haciendo referencia a las elecciones del 27-S de 2015.

El texto establece la estructura y las funciones de la administración tributaria de la Generalitat con la creación de la Agencia Tributaria, de la junta de tributos, el consejo fiscal y el instituto de investigación fiscal y de estudio tributario.

Durante el debate parlamentario, los grupos de la oposición han advertido a JpS y la CUP, con el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó (ERC) y su equipo presente en la tribuna de invitados, de que la nueva norma ni era necesaria para desarrollar la competencias autonómicas en base a la Constitución y el Estatuto ni será aplicable porque es una «chapuza» llena de «trampas».

Antonio Espinosa (Cs) ha calificado el Código Tributario como «un instrumento al servicio de la secesión», en lugar de ser una herramienta para «mejorar el servicio de los ciudadanos». Para Espinosa, esta ley «se enmarca en sus chapuceras leyes de desconexión».

El nuevo Código Tributario de Cataluña pretende romper con el ordenamiento jurídico que establece España como el marco territorial y aspira a limitar el acceso a la función pública de todos los ciudadanos españoles en referencia a la Agencia Tributaria de la Generalitat.

«Quieren convertir la Agencia Tributaria de Cataluña en un coto privado reservado solo para los independentistas. Estamos ante otra provocación al Estado de derecho», ha denunciado Espinosa, quien ha recordado que los ciudadanos catalanes ya tienen «una estructura de Estado» en materia tributaria, «se llama Agencia Estatal de Administración Tributaria».

También desde las filas del PSC, partido que presentó 92 enmiendas y participó en la ponencia parlamentaria, se ha realizado una crítica de fondo al texto. «¿Necesitamos un nuevo Código Tributario en Cataluña? No. Para modificar la Agencia Tributaria de Cataluña no hace falta un nuevo Código», indicó Alicia Romero (PSC).

La diputada autonómica del PSC ha defendido el desarrollo legislativo que la Constitución y el Estatuto permiten a la Generalitat para mejorar la Agencia Tributaria de Cataluña, pero ha señalado que «la ley es una confusión absoluta para los ciudadanos, ya que no sabrán a quién tienen que pagar los impuestos».

Una confusión achacable a JpS y la CUP que no parece que se haga sin intención, en opinión de Romero («habitual en ustedes»), quien ha recordado en este sentido que la competencia de recaudación de impuestos nacionales corresponde al Gobierno de España. «Hacen trampas. Es sorprendente la capacidad que tienen», ha añadido.

Santi Rodríguez (PP) ha puesto el acento, durante su intervención, en que el origen de la norma aprobada aparece en el informe número 2 del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), que «diseña de forma exacta» lo que se ha traducido en la propuesta de ley aprobada hoy.

En este sentido, el portavoz de los populares ha defendido que el PP no participase en la ponencia de la norma durante su tramitación legislativa ya que se trata de «la estrategia» de los partidos secesionistas que están «obsesionados» con separar Cataluña del resto de España.

Rodríguez ha señalado, finalmente, que el texto aprobado «no es una ley, es un discurso político», y ha criticado que los partidos que defienden un referéndum de autodeterminación ya están decidiendo por todos al aprobar normas como si Cataluña fuera un país independiente.

La propuesta del Código Tributario, que dibuja la arquitectura tributaria que incluye la Agencia Tributaria de Cataluña, uno de los pilares que JpS y la CUP quieren utilizar para la secesión, ha sido defendida por Eulàlia Reguant (CUP) y Maria Senserrich (JpS).

Reguant ha indicado que a partir de hoy la Generalitat dispone de «una estructura clave para poder gobernarnos y autodeterminarnos» y ponen «las bases del futuro que llegará en breve», tras el 1 de octubre. Aun así, para la CUP esta ley se queda «corta» ya que no reconoce la creación y gestión de un banco público: «Es necesario disponer de un banco público, ahora, pero también cuando seamos república».

La diputada autonómica de la CUP sí ha reconocido que el Código Tributario cumple con tres objetivos que los antisistema se marcaron al inicio del recorrido parlamentario de la propuesta: que la Generalitat pueda asumir todos los tributos que se generan en Cataluña, disponga de todo el personal necesario y gestione un «censo de los contribuyentes».

Por su parte, Senserrich (JpS), en la misma línea que la CUP, ha confesado que «sí, el sistema fiscal es lo que se conoce como una estructura de Estado, hoy ponemos sus bases» y ha indicado que «la hacienda catalana ya existe, pero la queremos gestionar nosotros (…), que es lo que hace un país normal». Y ha criticado al Gobierno por «amenazar, vía FLA» a todos los catalanes.