Miles de euros por el diseño de unas aduanas para Cataluña

El 27 de julio de 2015, el entonces consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, presentó -sin mucho eco mediático- las conclusiones de los diez documentos que formaban parte del «Informe sobre el nuevo modelo de Administración Tributaria para Cataluña ». Al frente de este proyecto, como director, estuvo Joan Iglesias Capellas, fichado personalmente por Artur Mas (con un salario anual de más de 100.000 euros) solo cinco meses después de ganar las elecciones autonómicas de noviembre de 2012.

Iglesias era desde 1999 el jefe de la Unidad de Inspección de Hacienda en Cataluña y dejó el encargo de Mas en 2016, cuando Oriol Junqueras se hizo con la cartera de Economía de la Generalitat. Ahora, trabaja para el sector privado.

Entre 2012 y 2015, «más de un centenar de personas del ámbito público y privado de la fiscalidad en Cataluña» elaboraron estos informes, según explicó Mas-Colell en su presentación. Sin embargo, nada se dijo del coste de estos documentos, que realizaron empresas y luego hizo suyos la Generalitat con algunas modificaciones.

Los diez informes se centran en ocho ámbitos de la administración tributaria para una Cataluña independiente: sistema fiscal, su organización institucional, la gestión catastral, la fiscalidad internacional, la relación con los contribuyentes, el sistema informático y la gestión de las aduanas. Lo que sobre el papel eran «especialistas» tratando temas tributarios, en realidad fue un encargo de Iglesias -cuya firma aparece en las facturas de pago- a empresas consultoras, y de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN).

Recientemente, bajo las premisas de las recomendaciones de estos informes, Junqueras ha puesto en marcha un nuevo sistema informático (e-Spriu) por el que la Generalitat, aseguran, puede hacerse cargo de la gestión de todos los tributos que se generan en Cataluña, incluidos los impuestos nacionales.

Pese a este paso dado por Junqueras, expertos en fiscalidad señalaron a ABC, tras la publicación del paquete de informes encargado por Joan Iglesias, que es imposible que la Generalitat asuma la gestión de todos los impuestos, pues carece de los datos que sí tiene la Administración General del Estado .

Debido a esto, a Iglesias se le acusó de «vender humo» por una propuesta que no es viable. Además, el alto cargo de la administración autonómica publicó un libro, «Una Hisenda a la catalana» (Angle, 2014), en el que explica su proyecto y lo basa en una «boutade» como que «Cataluña ya tiene Hacienda propia , la Hacienda catalana somos todos los contribuyentes catalanes».

El informe de 21.659 euros pagado por la Generalitat -«Análisis y recomendaciones para la aduana catalana»- se configura de hecho como una suerte de guía sobre cómo debería configurarse un sistema aduanero catalán segregado de España, dando por hecho un escenario de independencia.

Dentro de las recomendaciones estratégicas, el estudio da por descontado una «Aduana catalana dentro de Europa», de manera particular por lo que respecta a la planificación de los recursos humanos e infraestructuras. En caso contrario, es decir, una aduana con Cataluña fuera del marco de la UE, admite que «deberían recopilarse datos para poder evaluar el número de operaciones aduaneras, que pasaría de los 28 millones a un número de transacciones difícil de cuantificar, dado que todo el tráfico intracomunitario pasaría a ser tráfico de tercer país sometido a vigilancia y control por parte de las autoridades aduaneras catalanas».

En cualquier caso, el informe es un pormenorizado estudio de análisis y propuestas con objeto de que una hipotética república catalana asumiese las funciones que en este campo ahora son competencia del Gobierno, como son la dirección, planificación y coordinación de la gestión y de la inspección de los tributos y gravámenes que recaen sobre el tráfico exterior, de los impuestos especiales, así como la inspección de las restricciones agrarias a la exportación. También, la función de lucha contra el fraude aduanero, la represión del contrabando y el blanqueo de capitales.