«Un jefe» en el Parlamento catalán

Hace unos días, el pasado 2 de abril, Sastre compareció en la Comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña en calidad de secretario general de la Intersindical-Confederació Sindical Catalana (CSC). Este líder sindical aleccionó a los políticos de JpC, ERC, los comunes y la CUP -en esta comisión fake no hay representantes de Cs, el PSC y el PP- advirtiéndoles de que el Gobierno de España «aprendió» de la aplicación del 155, ya que, en su opinión, «el 155, tal y como se aplicó, no tuvo los resultados esperados (por el Gobierno)». Por lo tanto, añadió, «lo que no sabían en 2017, ahora ya lo saben». Y, tras asegurar que la economía catalana es «una economía colonizada», avisó a los diputados de que los espacios ganados por el independentismo (comunicación, escuelas y policías) no son suficientes para lograr la secesión de forma unilateral. ¡Pónganse a trabajar!, le faltó concluir. No hizo falta. Se captó el mensaje sin necesidad de imperativos explícitos.

Sastre intervino en 2014 en la Comisión de políticas de lucha contra el paro (21 de marzo) y participó en la reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir (18 de julio). Unos meses después, volvió al Parlamento autonómico (9 de febrero de 2015) para hablar de trabajo en la Comisión de Empresa y Ocupación. Y ese mismo año (16 de diciembre), en el canal de información continua de TV3 (canal 3/24), fue entrevistado por Xavier Graset, quien lo presentó como «preso político de Terra Lliure» y «gran reserva del independentismo». De hecho, Sastre debería pedir royalties pues hasta la insistente y pesada reiteración que se hace ahora en el Parlamento autonómico del término «presos políticos», en esta sede parlamentaria se había utilizado este término -junto a los que padecieron el franquismo y los del Sáhara Occidental, Cuba y Sudáfrica- para defender a los presos terroristas de Terra Lliure y del Exèrcit Popular Català (Epoca), bandas en las que militó el protagonista de este texto. En las dos. De Epoca, entre 1973 y 1980; y de Terra Lliure, desde 1980 a 1985. Nadie podrá reprocharle que no fue obcecado e insistente. Tanto bajo el tiempo más decrépito de la dictadura, como con la ilusionante y esperanzadora democracia.

Así, en unos tiempos en los que en Cataluña se empieza a normalizar cierta guerrilla nacionalista, a imagen y semejanza de la vivida en el País Vasco (con el simbolismo de las pancartas y las banderas en los balcones incluido), tiene sentido que Sastre se mueva como pez en el agua y se haya convertido en un referente de todo el arco ideológico independentista. En 1985, la Audiencia Nacional le condenó a 30 años de cárcel como coautor del asesinato en 1977 del industrial José María Bultó, que falleció tras la explosión de una bomba que le adosaron al pecho. En 1986 fue absuelto por falta de pruebas de los asesinatos del exalcalde de Barcelona Joaquín Viola y de su esposa, Montserrat Tarragona, muertos en 1978 de forma similar a la de Bultó. Y en 1987 fue condenado a otros 18 años de prisión por pertenencia a banda armada y tenencia de armas. En 1996, quedó en libertad, tras cumplir únicamente 11 de los 48 años a los que fue condenado. No puede decirse que la democracia española se haya portado mal con él.

Desde 2013, Sastre lidera la Intersindical-CSC, sindicato que se refundó en 1990 y que es heredero de segunda generación de Solidaritat d’Obrers de Catalunya, organización fundada a finales de los años 50 del siglo XX por Jaume Terribas Alamegó, posteriormente cofundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ahora en la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y padre de la periodista de Catalunya Ràdio y exdirector de TV3, Mònica Terribas.

El blanqueo de Sastre está siendo un éxito y resume a la perfección el momento presente. Quedan ya lejos aquella pregunta al gobierno catalán, en 1987, del diputado Marc Aureli Vila i Comaposada (ERC) para que la Generalitat hiciese «las gestiones pertinentes» para que un tal Carles Sastre pudiera cumplir su pena de cárcel «en las prisiones de Cataluña» y la proposición no de ley, registrada en 1994 -que acabó retirando a última hora tras su paso por comisión- por el diputado Josep Maria Reguant (entonces ya en el grupo mixto, tras su salida de ERC), para que la ley de amnistía de 1977 se aplicase a los «presos políticos» -una vez que ya estaban en cárceles de Cataluña-, entre los que se encontraba un tal Carles Sastre, pues se les había imputado, aseguraba Reguant, «muertes accidentales».

Este es el mismo Sastre que el pasado 2 de abril preparaba, en la soledad de la compañía de un maletín y una maleta, su intervención en la comisión fake del Parlamento autonómico. Ahí estaba en el amplio bar que tiene un parlamento propio. Poco después, con puntualidad de cuenta atrás, accedió a la sala en la que el independentismo se lame las heridas del 155. «Siéntase como en casa», le dijo Antoni Morral, presidente de la comisión y del partido tapadera de Carles Puigdemont, para darle la bienvenida. «No lo dude», pareció salir del rostro de Sastre. «Hola, jefe», le atendió Carles Riera, diputado de la CUP. En 2012, Sastre cerró la lista de la CUP por Lérida en las elecciones autonómicas.