El Govern desafía a la Justicia y anuncia que no aplicará la sentencia del 25%

El Govern catalán aspira a sortear la interpretación de la Constitución, el Estatuto y las normas de rango inferior que han hecho los tribunales en relación a la aplicación del modelo de inmersión lingüística en las escuelas de la región, que debe conjugar la vehicularidad del español y el catalán, en tanto que lenguas oficiales de Cataluña, y, este martes, ha aprobado elevar a consulta pública un proyecto de decreto de desarrollo del régimen lingüístico en el sistema educativo para «reforzar el catalán» en las aulas y evitar aplicar la sentencia del 25%.

El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo, que durante un mes se pondrá a consulta pública, a través de la web oficial de la Generalitat, el proyecto de decreto para «conocer la opinión de la comunidad educativa». Gonzàlez-Cambray ha señalado que el decreto desarrollará el Título II de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) que hace mención expresa al 'régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña'.

Según ha detallado el consejero autonómico, los objetivos del decreto son los de «reforzar el modelo lingüístico y dotar de mayor seguridad a los proyectos lingüísticos» de los centros educativos. Y para su elaboración se tendrá en cuenta la reciente y polémica encuesta del Síndic de Greuges, la opinión del consejo asesor en materia lingüística de la Generalitat, «las metodologías de aprendizaje», «la realidad sociolingüística de los 5.300 centros educativos» y, también, «un principio pedagógico: el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes».

Gonzàlez-Cambray ha vuelto a definir el sistema educativo catalán como «un modelo de éxito», sin aportar ningún dato nuevo, ha asegurado que con el nuevo decreto se conseguirá «más presencia del catalán en los próximos cursos de la que tenemos ahora» y ha añadido que el Govern catalán se suma a las protestas que los sindicatos nacionalistas han convocado para mañana para protestar por la sentencia del 25% del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y por lo que consideran un desamparo de la Consejería de Educación frente a la decisión judicial.

En relación al plazo legal para la aplicación de la sentencia del TSJC, ratificada por el Tribunal Supremo, que finaliza este viernes y, por lo tanto, debe estar aplicándose el lunes, Gonzàlez-Cambray ha dicho que responderá al tribunal informándole «que desplegamos un nuevo marco normativo» con la aprobación del decreto que entrará en vigor dentro de «entre 8 y 12 meses» y, así, no pedirá a los centros que ajusten sus proyectos lingüísticos a la legalidad. Y ha reiterado que con el nuevo decreto «la presencia del catalán en nuestras escuelas se incrementará en los próximos cursos» y que la sentencia del 25% la aplicará en base a la LEC y la Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe).