La Justicia tumba la treta del Govern catalán para eludir el 25% de castellano

Tras la impostada serenidad del Govern hay un doble argumento, según expone la Consejería de Educación. En primer lugar, que el Gobierno no forzará la aplicación del fallo -así se lo ha manifestado en privado- y que ni la actual ley educativa (Lomloe) ni la Ley Educativa catalana (LEC) de 2009 hablan de porcentajes ni especifican que el castellano sea lengua vehicular.

« Tanto la LEC como la nueva Lomloe , que son las dos leyes en vigor actualmente, protegen el modelo de inmersión lingüística», arguye el consejero, cuando se le pregunta sobre si acatará la sentencia. Sin embargo, la jurisprudencia echa por tierra la baza del Govern para eludir la aplicación del 25 por ciento de castellano. Fallos anteriores al del 16 de diciembre del TSJC, luego recurrido al Supremo y resuelto el 23 de noviembre , dejan claro que el marco constitucional está por encima de las leyes educativas y que el castellano es lengua vehicular también en Cataluña.

Un fallo del TSJC es explícito al respecto. En una sentencia del 23 de marzo de 2021 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal que suspende el proyecto lingüístico de una escuela de Abrera (Barcelona) por no incluir el castellano como lengua vehicular, se alude a la vehicularidad del castellano en la enseñanza, en el tercer fundamento jurídico, y se reconoce explícitamente que es la Constitución la que marca esta vehicularidad y no las leyes. «(...) la obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución , de ahí que la modificación operada [por la ‘ley Celaá’] no afecta al estatus del castellano como lengua vehicular», exponen los magistrados del TSJC por unanimidad.

Y va más allá: «De hecho, en la exposición de motivos de la citada Ley se afirma que el objetivo de la misma es ‘revertir los cambios promovidos’ por la Lomce, aunque parece que entre esos cambios no se refiere a la utilización del castellano como lengua vehicular , al menos en la larga y extensa exposición de motivos ninguna referencia se hace al régimen de las lenguas vehiculares recogida en la disposición adicional trigésima octava de la LOE ».

El TSJC reconoce, no obstante, que desde que se interpuso el recurso que dio pie a la sentencia del 25 por ciento ha cambiado el marco normativo, aunque deja claro sin pie a equívoco que eso «no cambia nada» respecto a que el castellano es vehicular: « Es cierto que, con posterioridad a la interposición del presente recurso se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre , de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pero esa circunstancia no cambia las cosas».

Por si hubiera dudas, el TSJC hace hincapié en que, leyes educativas al margen, la vehicularidad del castellano no está en cuestión . «Lo que la Lomce hizo en relación con el castellano como lengua vehicular fue recoger en su parte dispositiva la interpretación hecha por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional (TC), de ahí que la supresión por la Ley Orgánica 3/2020 de la mención de que ‘el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado’ que se contenía expresamente en la Lomce, no altera el régimen del castellano como lengua vehicular reconocido por el máximo intérprete de la Constitución -el TC-, por el Tribunal Supremo y por este Tribunal Superior.» No es el único pronunciamiento que desmonta el argumento de Gover n de que con la nueva ley educativa no hace falta reforzar el castellano. Sentencias firmes como las 87/1983 y 137/1986 del TC, a las que alude el TSJC en su sentencia de diciembre, como las concretas que afectan directamente a la Generalitat: 337/1994 y 31/2010, también del TC, consultadas por ABC, reafirman el papel de lengua vehicular del español.

Pese a lo expuesto por la jurisprudencia en sentencias firmes, la Generalitat sigue aferrándose al marco normativo. Confía plenamente en que la Lomloe « desactivará » por completo la dinamita que amenaza con hacer saltar la inmersión lingüística obligatoria en catalán por los aires, aunque, por encima de las interpretaciones políticas, está la Justicia como garante del Estado de Derecho .

Es más, incluso la Lomloe o ‘ley Celaá’ fija el derecho a estudiar en español, si bien no con la claridad que lo hacía la ‘ley Wert’. En la disposición adicional 38 se señala que: « Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».

Mientras tanto, las entidades que llevan años luchando para que el castellano se equipare al catalán en las aulas, lideradas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), se arman para plantar cara al Govern. Están ante una «oportunidad histórica» y preparan una gran ofensiva.

«La sentencia de diciembre es firme, no puede ser recurrida y es muy clara», señala Ana Losada, presidenta de la AEB. « La Generalitat no puede aferrarse a la Lomloe porque no es una cuestión de leyes educativas, es cuestión de acatar lo que dictan los tribunales : que se cambie definitivamente la inmersión monolingüe en catalán», concluye Losada.