La Fiscalía investiga si los Mossos identifican de forma arbitraria a quienes arrancan lazos amarillos

Tras admitir a trámite una denuncia del presidente de la asociación Impulso Ciudadano, José Domingo, el teniente fiscal, Pedro Ariche, en funciones de fiscal superior, ha ordenado la apertura de diligencias de investigación «para el esclarecimiento de los hechos» .

La denuncia, que ahora se investiga, hacía referencia a la identificación por parte de los Mossos de 14 individuos -en las localidades catalanas de Mora la Nova, Tivissa y Vandellós (todas ellas de la provincia de Tarragona)- como «posibles autores de daños al dominio público» .

La Conselleria de Interior, además, recordaba que las sanciones por estas supuestas infracciones, calificadas de graves, podrían acarrear multas de 601 a 30.000 euros . Domingo consideraba que esta forma de hacer de la Policía catalana podría resultar «arbitraria, carente de fundamento legal y discriminatoria por razón de la ideología».

La Fiscalía Superior de Cataluña añade a esta denuncia las informaciones periodísticas de este fin de semana que dan cuenta de otros hecho en Ametlla de Mar (Tarragona), donde varias personas -entre ellas el periodista Arcadi Espada- fueron identificadas por acciones similares. En esta ocasión los Mossos contaron con la colaboración de la Policía Local .

Ante este escenario, el fiscal ha ordenado al comisario jefe de los Mossos que, en un máximo de 15 días, le remita un listado de los agentes que hicieron esas identificaciones las noches de los 17 y 24 de agosto en Mora la Nova, Tivissa, Vandellós y la Ametlla de Mar. También, que el mando policial concrete los motivos que llevaron a esas intervención; que explique qué diligencias concretas llevaron a cabo y si han impuesto sanciones por las mismas.

Idéntica orden ha dado el fiscal al alcalde del Ayuntamiento de Ametlla de Mar , Jordi Gaseni Blanch, por lo que aconteció en la localidad la noche del 24 de agosto.

El fiscal también reclama al comisario jefe que informe a la Fiscalía «sobre las pautas o criterios de actuación seguidos por los funcionarios de dicho cuerpo policial con relación a eventuales actuaciones de retirada de simbología partidista o reivindicación de la vía pública por parte de particulares».