Colau regó a entidades por las que está imputada con ayudas para cooperación

De hecho, la querella que llevará a la exactivista ante un juez el próximo 4 de marzo, presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, cuestiona el concepto de 'interés público' de algunas de las controvertidas subvenciones y adjudicaciones directas, especialmente aquellas que tienen que ver con aspectos que van más allá de las fronteras locales, como son proyectos relacionados con Jerusalén (Israel), Quito (Ecuador) o Maputo (Mozambique).

Estos gastos en cuestiones lejanas chirrían a ojos de quienes esperan ver mejoras a pie de calle, aunque el consistorio alega que son perfectamente legales. De hecho, y con más o menos intensidad, los gobiernos, sean locales, regionales o estatales, están comprometidos con el cumplimiento de los objetivos mundiales de cooperación con el desarrollo y la histórica recomendación de las Naciones Unidas de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a estas causas. Desde Barcelona se recuerda que su Carta Municipal -una suerte de estatuto local- reconoce explícitamente sus 'competencias' en materia internacional, y desde hace décadas el consistorio reserva partidas para ello.

El gobierno Colau nunca se ha escondido de ello y, de hecho, hace bandera de esta causa y prioriza cumplir con sus aportaciones y más tras la pandemia del Covid, que según defienden los comunes, «ha puesto de manifiesto las grandes desigualdades sociales » en el mundo y obligan más que nunca a Barcelona a interceder frente a ello. Por su parte, las entidades afines a la formación morada tienen en esta causa un motivo más para intentar pellizcar de las arcas del consistorio, aunque en este caso no a través de una vía directa, a diferencia de lo que se está investigando ahora, sino a partir de concursos públicos para proyectos concretos, a los que otras entidades e instituciones también han optado y conseguido partidas.

Así, por ejemplo, la convocatoria de subvenciones del ayuntamiento para intervenciones para la 'justicia global y la cooperación internacional' de 2021 acordó financiar con 7,07 millones 112 proyectos anuales y plurianuales de los 225 que presentaron candidatura. De esta cuantía, 5,07 millones salieron del presupuesto pasado y otros dos millones corresponden a partidas de las cuentas de 2022 con las que se tiene que dar continuidad a las iniciativas que superan el año de trabajo.

Según ha corroborado ABC a partir de la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones, entre los 5,07 millones de 2021 para la cooperación internacional se encuentran 323.091,83 euros destinados a siete programas vinculados a Ingenieros sin Fronteras (ISF) y el Observatorio DESC , dos de las entidades por las que precisamente se está investigando a Colau. La mayoría de sus planes estimados tienen previstas, además, aportaciones por valor de 199.906,84 euros para este año. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), las otras dos citadas explícitamente en la querella, no figuran entre las candidatas a las ayudas.

Así, ISF recibió en 2021 por la vía de la cooperación internacional 160.000 euros ( 80.000 por proyecto ) por 'Promover el desarrollo sostenible a través de las mujeres de Inhambane (Mozambique)' y 'Empoderando el tejido asociativo para mejorar la calidad de vida en Maputo'. A esta misma entidad se le denegó una tercera subvención.

El DESC, una de las entidades amigas de Colau históricamente más beneficiadas, también consiguió una ayuda para el proyecto plurianual 'Políticas más coherentes: repensemos la movilidad con justicia global' (con 39.945,37 euros para 2021). Dos de las entidades que cuelgan de su entramado y que tienen sede física en el DESC, también consiguieron subvenciones. Son la cooperativa Opcions de Consum Responsable y su propuesta 'Coherencia de políticas: la contratación pública en contexto de emergencia' (36.197,96 euros) y la asociación FETS (Finançament Ètic i Solidari), que consiguió dinero para tres proyectos: 'Destapando vínculos del sector financiero con paraísos fiscales y empresas' (26.976 euros), 'Tejiendo la red estatal de educación y finanzas éticas' (39.997 euros) e 'Implicando a los y las jóvenes en las finanzas éticas en las universidades y CF' (19.975 euros).

Otras ONG de primera línea como Cruz Roja, Oxfam Intermón, Acción contra el Hambre, la Fundación Vicente Ferrer, así como universidades y entidades más locales también consiguieron subvenciones para proyectos internacionales. Entre los contenidos se colaron cuestiones claramente relacionadas con la ideología de los comunes como el empoderamiento de la mujer, la justicia alimentaria, la emergencia climática, la represión laboral o la emprendeduría femenina.

Este año, además, el gobierno Colau se reserva 7,52 millones para las nuevas subvenciones, un 6,36% más. El plazo para optar a ellas empieza justo el 4 de febrero. Las bases de la presente convocatoria cuentan con tres modalidades de programas y dejan claro que el consistorio busca «la justicia económica, la justicia ambiental, la justicia de género y el derecho a las personas al refugio, a desplazarse y a migrar».

La Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional, dependiente del área de Derechos Sociales, Justicia Social, Feminismos y LGTBI del ayuntamiento y que coordina estas ayudas, prioriza las intervenciones en Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez, Mozambique, Senegal, Colombia, Cuba, Cisjordania, Gaza o los territorios kurdos y las zonas fronterizas en conflicto. Igualmente, las actuaciones que velan por la justicia de género y la atención al colectivo LGTBI.