Colau declarará ante un juez por malversación y tráfico de influencias

La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática considera que Colau firmó arbitraria, discrecional y recurrentemente, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público, una serie de ayudas y acuerdos económicos con el único objetivo de financiar los puestos de trabajo, las actividades y el funcionamiento de diversas entidades afines a Barcelona en Comú, formación que lidera la propia alcaldesa. Una sospecha que el magistrado instructor quiere aclarar al admitir la querella y citar como investigada a Colau.

En la querella se apunta a las organizaciones Observatorio DESC –asociación en la que trabajaba Colau antes de obtener la alcaldía en 2015–, Ingenieros Sin Fronteras, Plataforma de Afectados por la Hipoteca –entidad que fundó y de la que fue durante cinco años su portavoz– y, entre otras, Alianza contra la Pobreza Energética.

Según la acusación, el sistema de financiación presuntamente irregular, establecido desde el Ayuntamiento de Barcelona, consistía en la aprobación de convenios, contratos menores y subvenciones directas a las entidades mencionadas para redactar estudios e informes que, en apariencia, no tenían nada que ver con las competencias del consistorio (por ejemplo, relacionados con asuntos sociales en Perú o Mozambique, entre otros países).

La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática señala en la querella que la alcaldesa habría cometido un delito de prevaricación, según recoge el Código Penal, al firmar resoluciones para las que el consistorio no tenía competencias. De la misma manera, al gastar un dinero sin quedar justificada la finalidad, se podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos; un delito de fraude en la contratación, si se demuestra relación personal y profesional entre la autoridad pública y la asociación o entidad subvencionada; y un delito de tráfico de influencias, siempre que se hubiera limitado la libre concurrencia competitiva a la hora de otorgar las ayudas públicas.

El magistrado instructor, Ignacio Sánchez García-Porrero, en el auto de admisión de querella, fechado el 29 de diciembre pasado, ordena que, además de citar a Colau para el próximo 4 de marzo, se practique una diligencia más. Así, pide que se recaben «los expedientes de todos los convenios firmados por las organizaciones enumeradas en el escrito de la querella para la obtención o concesión de subvenciones en el periodo 2014-2021» y, para ello, solicita a la Fiscalía de Cataluña que le remita «la integridad» de las diligencias que el Ministerio Fiscal llevó a cabo el año pasado sobre este asunto, una investigación que acabó archivando, tras otra denuncia.

El caso es que la Fiscalía archivó en julio una denuncia registrada por Abogados Catalanes por la Constitución señalando la misma línea presuntamente delictiva (subvenciones otorgadas de manera irregular a entidades afines de los comunes) que ahora sí admite, en fase de investigación, el Juzgado barcelonés. La denuncia ante Fiscalía se presentó en marzo, tal y como avanzó este diario en su momento, y cuatro meses después el Ministerio Fiscal dio carpetazo al asunto.

La denuncia, en este caso, apuntaba que Colau y el equipo que la acompañó en su primer mandato (2015-2019) podría haber cometido los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales y tráfico de influencias –es decir, prácticamente los mismos delitos que investiga ahora el Juzgado– por la «reiterada y presuntamente injustificada» concesión de subvenciones a entidades vinculadas a los comunes. Un monto calculado en 3,4 millones de euros.

Entre los que aparecían acusados en la denuncia ante Fiscalía, además de la alcaldesa, estaban Jaume Asens y Gerardo Pisarello, ahora con funciones en el Congreso. El primero como presidente del grupo confederal de Podemos y las confluencias moradas de Galicia y Cataluña; y el segundo, en tanto que secretario primero de la Mesa del Congreso. En Barcelona, ocuparon los cargos de tercer y primer teniente de alcalde, respectivamente.

Por otro lado, con la imputación, según la literalidad del Código de Ética Política de Barcelona en Comú, Colau debería renunciar a su cargo inmediatamente, pues el artículo 3.6 de este reglamento interno señala que todos los miembros del partido se comprometen a dimitir si son imputados por los delitos relacionados con la corrupción «bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas».