Los indultos, nueva prueba de fuego para la Abogacía del Estado

Una vez que ya ha informado la Fiscalía (lo hizo el 22 de diciembre en escritos demoledores para los condenados), el Tribunal Supremo tiene previsto trasladar los expedientes de los indultos a la Abogacía del Estado después de Reyes. Será el último trámite antes de que se pronuncie el tribunal del «procés» y todos esos informes no vinculantes sean remitidos al Gobierno, que tendrá la última palabra. Fuentes jurídicas consultadas ven «muy improbable» que los indultos puedan estar sobre la mesa del Consejo de Ministros antes del 14 de febrero, fecha de las elecciones catalanas.

La pelota de los informes sobre esta medida de gracia recae ahora sobre una institución que ya estuvo bajo lupa a las puertas del juicio del «procés», cuando meses después del aterrizaje de Dolores Delgado en el Ministerio de Justicia, de forma repentina la Abogacía del Estado cambió el criterio que había mantenido durante toda la instrucción de la causa y decidió acusar por sedición en lugar de por rebelión, como venía haciendo en consonancia con la Fiscalía.

El cambio de postura se tradujo en el relevo de Edmundo Bal como abogado-jefe Penal y en su posterior salida de la institución, donde ya había un profundo malestar tras el anuncio, en pleno mes de agosto de 2018, de que los servicios jurídicos del Estado no iban a defender al juez Llarena ante la demanda civil que Puigdemont le había puesto en Europa. Horas después el presidente del Gobierno daría un golpe de timón y corregiría a la ministra Delgado.

Como ha sucedido en el caso de los fiscales del «procés», debería ser Rosa María Seoane, quien defendió los intereses del Estado en ese juicio, quien se hiciera cargo de esos informes.

Su actuación en el Tribunal Supremo estuvo marcada por luces y sombras , pues empezó pisando el terreno con cierta inseguridad. Luego, a lo largo del juicio –y a pesar de esa modificación de sus conclusiones provisionales– caminó en paralelo a la Fiscalía, hasta el punto de que parecía que acusaba por rebelión. Y definitivamente en su informe final se alejó de las tesis de esta y negó la existencia de violencia en el «procés». Aseguró que no había prueba ni de que fuera «estructural» ni de su uso instrumental, es decir, que se utilizara para conseguir un fin.

Para la Fiscalía se trataba de un delito contra el orden constitucional; para la Abogacía del Estado, contra el orden público. «El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a término por los acusados como un medio de conseguir los fines ni se organizó de manera proporcionada», señaló la representante de los intereses del Estado. Seoane cuantificó la malversación en casi 2 millones.