¿Quién mató a Pedro, Helena y Nadia?

«Cuando apelamos a la Justicia y esta nos da la espalda, bien por falta de pruebas o porque la Policía no ha encontrado a un culpable, hay un sentimiento de desesperanza y de desapego. Que pueda existir una condena es una parte fundamental para la reparación, porque la víctima ve que se ha asumido una parte de la responsabilidad», explica a ABC la psicóloga forense Elisa Micciola.

Pero la reparación va más allá del proceso penal. «Ante una muerte natural, podemos hablar de una adaptación. Factores estresantes a los que el ser humano se acomoda pasado un tiempo. En cambio, cuando se trata de muertes violentas, traumáticas y sorpresivas, nadie está preparado para ello», apunta la experta.

Las familias se afanan en conocer la verdad, en encontrar a los culpables para poder proseguir con su duelo, aunque no siempre es posible. «La reparación es un proceso legal, social y personal. Tanto si el autor ha sido descubierto como si no, e incluso existiendo una condena, no hay como resarcir el daño a nivel psicológico», constata Micciola, que indica que con las víctimas se trabaja, durante el largo proceso de recuperación, la gestión de la tristeza, la rabia, la desafección por la vida y la desconfianza. «Construcciones lógicas que parten de la necesidad de protegerse a uno mismo frente a las amenazas exteriores», detalla.

En España se esclarecen cerca del 80 por ciento de los homicidios, pero tras los expedientes sin resolver hay familias que aún buscan respuestas.

«No pararé hasta saber qué pasó aquella noche. Tenemos a un asesino en la calle». Juanjo Álvarez lleva 30 años esperando que se haga Justicia. El Supremo ha dado carpetazo definitivo al crimen de su hijo Pedro, pero ahora, una vez prescrito, espera que alguien aporte algún detalle que le permita saber lo que ocurrió aquella noche, la del 15 de diciembre de 1992.

Una pareja caminaba por la avenida Cataluña de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), cuando un individuo le descerrajó a él, de 20 años, un tiro en la cabeza. El disparo mortal se produjo después de que ella, Yolanda, discutiese con el conductor de un vehículo que casi los atropella. Fue en la primera rueda de reconocimiento donde la novia señaló a José Manuel S., entonces agente de la brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, como el conductor y autor del tiro. Ingresó en prisión preventiva, pero quedó en libertad pocos días después por falta de «pruebas concluyentes».

Esa es la única versión que Juanjo conoce sobre el asesinato de Pedro, la que aportó su entonces novia.

El calibre de la bala coincidía con el arma reglamentaria del Cuerpo –aunque no fue disparada con la del principal sospechoso–. Varios testigos identificaron el vehículo del asesino, un Opel Vectra blanco. Mismo modelo y color que el coche del agente señalado, cuya coartada se demostró falsa. Indicó que había cenado y pasado la noche con su mujer, cuando en realidad había visitado a su madre en el Hospital de Bellvitge, donde discutió con un vigilante de seguridad a quien –según la versión de éste último– llegó a amenazar. Fue a ese mismo centro adonde una ambulancia trasladó al chico, ya muerto. Su novia, en cambio, cogió un taxi y, en vez de dirigirse al hospital, fue hasta la comisaría del municipio. El por qué es otra de las incógnitas que atormenta a la familia Álvarez.

¿Se conocían de algo asesino y víctima? «Eso es lo que queremos saber», apunta Juanjo. La escena del crimen no se preservó. «Aquella noche llovía y no se recogieron ni huellas de neumáticos», lamenta el progenitor. La investigación tampoco la llevó Homicidios, pese a ser la unidad competente, sino la comisaría de Hospitalet.

A sus 75 años, Juanjo no se resigna. Con la responsabilidad penal extinguida, confía en que ahora alguien pueda aportar información sobre el crimen. «Es lo que estamos buscando, ya que no han querido hablar antes, a ver si ahora se atreven». Entre ellos, el taxista que transportó a Yolanda, o el conductor de la ambulancia que trasladó a Pedro.

En 2020, la Audiencia de Barcelona rechazó reabrir el caso, al considerarlo prescrito. También denegó la petición de la familia de encargar a los Mossos d'Esquadra nuevas diligencias de investigación, para tratar de localizar vestigios de sangre en el vehículo del policía o restos biológicos en las balas intervenidas, al considerar que era una posibilidad «tan remota, como prácticamente inexistente». Ahora el Supremo, pese a reconocer «el legítimo interés» de Juanjo «para que se esclarezca el asesinato de su hijo», también sostiene que el crimen ha prescrito.

La Sala apunta que la prescripción por el paso de tiempo no se debe a inactividad procesal sino a la «imposibilidad de obtener indicios suficientes de criminalidad» tras una «profusa y detalla investigación». Algo que enerva al padre: «Dijeron que no había pruebas concluyentes para sentar al sospechoso en el banquillo. Lo identificaron en rueda de reconocimiento, tenía el mismo modelo de coche, ¿qué más se necesitaba?», reprocha. Pedro era el mediano de tres hermanos. Cuando lo mataron, hacía cuatro meses que había terminado la mili en Zaragoza. «Mientras las piernas y la cabeza me funcionen, no voy a parar de luchar hasta encontrar a su asesino», asegura Juanjo.

Su cadáver apareció en un patio de luces de Sabadell (Barcelona) en diciembre de 2001. Tenía 27 años. La autopsia determinó que, antes de arrojarla al vacío, aún viva, la habían drogado con la misma sustancia, benzodiacepinas, que meses antes habían introducido en dos bebidas que dejaron ante la puerta de su piso, junto con sendos anónimos.

Por el crimen de Helena Jubany, la Policía detuvo primero a dos sospechosas. Dos amigas de la víctima. Montse Careta y Ana E. La primera, que vivía en el edificio donde la mataron, se suicidó en prisión, tras dejar una nota en la que reiteraba su inocencia. «No he causado la muerte de Helena. Para ser homicida hay que ser el ejecutor de una muerte», rezaba el texto. La segunda quedó en libertad poco después.

La pareja de Montse, Santi Laiglesia, también se encontraba entre los investigados, pero no llegó a ser detenido. Todos ellos, igual que la víctima, formaban parte de la Unión Excursionista de Sabadell (UES), pero la falta de pruebas llevó al sobreseimiento provisional del caso en 2005.

Al borde de la prescripción, el empeño de la familia Jubany, junto a su abogado Benet Salellas, llevó no solo a la reapertura del caso, sino a la imputación de un sospechoso: Xavier Jiménez, después de que la Policía determinase, este marzo, que fue autor de parte de los anónimos que enviaron a la víctima semanas antes del crimen. Tras su declaración como imputado, el juez instructor determinó que «existen indicios suficientes» para afirmar que éste «participó de forma activa en el asesinato». Es más, en su auto indicó que el crimen «no pudo ser cometido por una única persona», y que todo apunta a la «autoría conjunta».

También a petición de la familia, el Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell autorizó analizar, con las técnicas actuales, la ropa que llevaba la joven cuando la asesinaron. El resultado ha sido positivo: dos muestras de ADN en el jersey que los agentes localizaron en la azotea desde donde la arrojaron al vacío. Ahora queda esperar el resultado del cotejo con el material genético de Jiménez.

Tenía 16 años. Era 2 de octubre de 2002 y Nadia García enfilaba la calle Alcoy de Tarrasa (Barcelona) para ir a casa de su abuela. Pasaban pocos minutos de las dos de la tarde cuando un hombre le propinó una puñalada por la espalda, para luego darse a la fuga. Una ambulancia la trasladó hasta el hospital, donde murió.

La Audiencia de Barcelona absolvió al sospechoso, Francisco M.A., de 48 años, al considerar que ninguno de los testigos, excepto una, pudo afirmar que lo hubiesen visto junto a la víctima. «Dato importante», apuntó el tribunal, porque la tesis incriminatoria, tanto de la Fiscalía como de la acusación particular, se construyó sobre la idea de que entre Nadia y su agresor existía una relación sentimental clandestina. Una tesis que, para los magistrados, refutó que la joven manifestase a sus familiares antes de morir que «desconocía la identidad de su agresor».

Dos días antes del crimen consta una llamada desde el teléfono familiar del acusado a la casa de la abuela de la víctima, adonde se dirigía la tarde del asesinato. La sentencia de la Audiencia Provincial –que luego ratificó el Supremo– calificó este hecho de «enigma». Un «indicio claramente incriminatorio» pero, al ser «aislado», también «insuficiente» para condenar al sospechoso.

Tampoco que una testigo afirmase haber oído una discusión previa entre ambos, el día del asesinato, fue suficiente: «Ahora te das cuenta de que estás enamorada de otro hombre. No te vas a deshacer tan fácilmente de mí. ¿Qué quieres, que lo cuente todo?».

La Sala pone «en tela de juicio» a la declarante porque no presenció la agresión posterior. También señala como prueba de descargo que no se encontrasen restos de ADN ni en el coche ni en los cuchillos del bar del sospechoso, pero dichas diligencias se practicaron seis meses después del apuñalamiento.

«Se ha tratado de encontrar un móvil a un crimen que, aparentemente, carece de él». Así fue como el fallo dio carpetazo al asesinato de Nadia.