La juez paraliza la eutanasia del pistolero de Tarragona, prevista para el 28 de julio

En una resolución, consultada por ABC, la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Tarragona responde así al Centro Penitenciario de Tarrasa (Barcelona), donde Sabau, de 46 años, cumple prisión preventiva. Fue hace dos semanas, cuando el individuo decidió declarar ante la juez para justificar su eutanasia por las lesiones que sufre. Y es que tras ser neutralizado por el grupo de élite de los Mossos, cuando se atrincheró en una masía de Riudoms, quedó parapléjico. Le falta una pierna y, según su testimonio, sufre fuertes dolores en un brazo y en el pecho.

Sabau, de origen rumano, contradijo la versión de la Policía, y aseguró que en ningún momento escuchó los avisos de los negociadores para entregarse. Así, apuntó que cuando se encontraba agazapado bajo un pino, vio como una bala rebotó en una piedra, y la siguiente impactó sobre su chaleco antibalas. Indicó así que no recordaba nada más hasta que despertó en el hospital. También que, pese a llevar encima varias armas, todas estaban descargadas.

Fue el pasado 6 de julio cuando la defensa de los mossos heridos, del sindicato USPAC, presentó un recurso ante la Audiencia de Tarragona para tratar de paralizar la muerte asistida de Sabau. El escrito alega una vulneración de la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho que tienen las víctimas a que se juzgue al agresor. Este argumento lo rechazó en un inicio la instructora al considerar que tienen «prioridad» los derechos a la integridad física y moral y a la dignidad, libertad y autonomía del acusado.

La juez también esgrimió que la ley no le atribuye competencias para decidir sobre dicha cuestión -«correspondiendo a los médicos responsables y a la verificación por la Comisión de Garantía y Evaluación»-, y que la normativa estatal no regula de forma específica la situación de aquellos que se encuentren en «prisión provisional o sujetos a un procedimiento judicial».

Por el momento, la eutanasia de Sabau queda paralizada hasta que la Audiencia se pronuncie sobre el recurso de los policías.