División entre las direcciones de los centros catalanes sobre el desacato al 25% del castellano

Algunas escuelas como la del Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), Falguera de Vilanova del Vallès (Barcelona) y Vedruna de Palamós (Girona) -esta última comunicó ayer a una familia que dejaba de impartir la asignatura en castellano a sus hijos, según denuncia la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)-, e institutos como el Salvador Dalí de El Prat de Llobregat (Barcelona) o el Valèria Haliné de Castelldefels ya se han posicionado en el bando del desacato judicial. Sin embargo, según ha podido saber ABC, otros centros, en su mayoría de la comarca barcelonesa del Baix Llobregat, con una elevada proporción de población de origen inmigrante, mayoritariamente de habla castellana, se han desmarcado de la instrucción del gobierno catalán y han optado por mantener las cuotas de castellano que ya impartían. Se sienten, según reconocen, «desprotegidos» y esperan que el Govern les dé «más garantías jurídicas» porque saben que «desobedecer a los tribunales tiene un precio».

«Esta mañana me he reunido con el director de la escuela de mi hijo y me ha dicho que le mantiene la asignatura en castellano porque como máximo responsable del centro no ve suficientes garantías jurídicas para incumplir lo que establece la Justicia», ha afirmado un padre (prefiere mantener el anonimato para no comprometer al centro) en declaraciones a ABC. El compromiso que ha cerrado con el responsable educativo es, según precisa, «que mi hijo siga con la asignatura en castellano hasta que la Justicia confirme o no las medidas cautelares que tiene vigentes». No es el único colegio que ha dado un paso al frente y se ha plantado a la imposición de la Generalitat.

Este diario ha llamado a dos escuelas más de la provincia de Barcelona y han reconocido también que, por ahora, mantienen la cuota de castellano, aunque han pedido explícitamente que no aparezca su nombre para protegerse de posibles represalias por parte del Govern. «Son la mayoría de los centros de titularidad pública, aunque también vemos de concertados», señala Ana Losada, presidenta de la AEB. En la escuela Frangoal de Castelldefels, centro con concierto de la Generalitat, portavoces de la dirección aseguran a ABC que «esperan instrucciones más precisas de la consejería antes de dejar de aplicar el 25 por ciento». «Tenemos el comunicado que envió el consejero pero esperamos directrices más concretas. No podemos afirmar ni que dejaremos de aplicar el 25 por ciento ni que lo mantendremos», sostienen.

En una entrevista con este diario publicada el 30 de junio de 2022, el director de gestión de esta escuela, Pablo Mendoza, avanzó que en su centro se mantendrían las cuotas de castellano este curso que acaba de arrancar en Cataluña. Sus palabras fueron, sin embargo, anteriores a la orden explícita de la Generalitat de que dejaran de impartirse cuotas lingüísticas en las aulas catalanas.

La web de esta escuela, consultada hoy por ABC, no ha sido actualizada y sigue constando en el anexo final del Proyecto Lingüístico que «los grupos de P3 y de primero, tercero y quinto de Educación Primaria con el objetivo de cumplir la sentencia que determina el catalán como centro de gravedad del sistema educativo con su correspondiente carga lectiva, y marca un 25 por ciento de jornada lectiva de los alumnos en lengua castellana, estos grupos cursarán el área de matemáticas en lengua castellana».

La AEB anunció ayer que denunciará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) todas las revocaciones del 25 por ciento, centro por centro, y emprenderá denuncia paralela, por la vía penal, contra los directores por saltarse el dictado judicial. «Los directores que no acatan medidas cautelares o sentencias firmes del 25 por ciento están vulnerando el artículo 410 del Código Penal y los denunciaremos por ello«, advierte Losada. El citado artículo establece que »las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años«.

Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe, en paralelo, se ha comenzado una campaña de difusión para denunciar la situación de la enseñanza en Cataluña con el envío a varios medios de comunicación internacionales de un comunicado en el que les informan de la orden de la Generalitat de «incumplir sentencias firmes».