Un directivo de un colegio de Cataluña: «Los alumnos de mi centro con más castellano, lo mantendrán»

Por un lado, la Generalitat les obliga a modificar sus proyectos lingüísticos para adaptarse a la nueva normativa aprobada por el Govern, que impide la aplicación de cualquier porcentaje lingüístico en las aulas, y, por otro, se sienten en la obligación de dar cumplimiento a las sentencias firmes para impartir porcentajes de castellano. Pablo Mendoza, director de gestión de la escuela concertada Frangoal de Castelldefels (Barcelona) se encuentra en esta situación. En una conversación con ABC, no esconde la preocupación e incertidumbre que siente ante la actual situación. Para dar cumplimiento a cuatro sentencias judiciales que afectaban a diferentes cursos, la dirección del colegio decidió extender un 25 por ciento de castellano a toda la Educación Primaria.

«Optamos por hacerlo así para cumplir con los fallos buscando la mejor fórmula para los alumnos, la que alterara menos su normalidad», asegura. Ahora, el departamento de Educación, que dirige Josep Gonzàlez-Cambray, le obliga a cambiarlo todo. Como el resto de responsables de escuelas e institutos, el mes pasado recibió una encuesta de Educación que debía rellenar y entregar antes de hoy. Una de las preguntas era: '¿El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?'. La respuesta, en su caso y en el de otros centros, es que 'no'. El Govern advirtió de que una sola contestación negativa les obligaría a cambiar su plan de lenguas.

«Obviamente he puesto que 'no' en esa pregunta y la Generalitat ya nos ha dicho que nos dará instrucciones sobre qué hacer a partir de ahora para adaptarnos a la nueva coyuntura», reconoce Mendoza. Como otros directores sabe que dejar de impartir el 25 por ciento por ciento de castellano implica incumplir las resoluciones de los tribunales y eso puede tener consecuencias sobre su persona. «Los centros que estamos en esta situación somos tan catalanes como el resto. Tenemos el catalán como lengua vehicular, pero tenemos unas imposiciones legales que tenemos que cumplir. Vamos a asesorarnos sobre las consecuencias que puede conllevar dejar de aplicar ese porcentaje», dice.

Reconoce su sentimiento de indefensión y desamparo ante la situación: «Necesitamos que alguien se moje y se haga responsable de que dejamos de cumplir esas sentencias». Y reclama a Educación garantías de protección si, para ajustarse a la nueva normativa, deja de cumplir lo que dictan los tribunales.

«Los directores somos los máximos responsables de los proyectos lingüísticos. En el caso de los centros públicos, la Generalitat sí puede asumir la responsabilidad jurídica pero en la escuela concertada los máximos responsables son las empresas o las personas jurídicas. La situación es diferente», señala el director.

Por ahora, Mendoza ha decidido eliminar para el próximo curso, formalmente, el porcentaje lingüístico en el redactado del proyecto sobre el uso de las lenguas de su centro para adaptarse, al menos sobre el papel, al nuevo narco normativo, pero mantenerlo de facto en las aulas en las que ya se está aplicando. «Eliminaré el porcentaje del proyecto lingüístico pero los alumnos de mi centro que tienen concedido por los tribunales ese porcentaje seguirán teniendo una asignatura más en castellano el próximo curso. Creo que es lo que harán muchos concertados que se encuentran en nuestra situación», avanza.

Sobre cómo se resolverá la situación, finalmente, el directivo del centro Frangoal recuerda que «con la nueva ley, lo que eran áreas serán ámbitos que pueden agrupar varias materias. Faltará ver cómo se aplica esa proporción», señala. Las nuevas directrices en materia lingüística de la consejería han sido solo una vuelta de tuerca más del Govern sobre unas direcciones que llevan años sufriendo el peso de los ajustes derivados de la pandemia y de la falta de recursos. «Estamos saturados», dice Mendoza.

Confía en que la Generalitat les explique cómo pueden salir de esta situación, aunque advierte de que la respuesta deberá ser convincente . «Saltarse una resolución judicial puede conllevar la apertura de un proceso judicial contra el responsable del centro e incluso que se le inhabilite. La Fiscalía ya lo ha advertido. Nadie va a hacer algo que le afecte personal y profesionalmente», concluye.

Mientras tanto, ayer, el Parlamento de Cataluña convalidó el decreto ley, aprobado por el Govern el pasado 30 de mayo, con los votos a favor de ERC, Junts y los comunes. Para la oposición (menos la CUP), la norma es un desafío innecesario a los tribunales.