Alud de denuncias de los padres a los que arrebatan el 25% de castellano

Pese a lo adverso de la situación, las entidades que defienden los derechos de los alumnos castellanohablantes y las familias que acudieron y siguen acudiendo a ellas en busca de amparo no están dispuestas a tirar la toalla. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), una de las más beligerantes, anuncia en declaraciones a ABC un alud de «denuncias individuales para que se restablezcan los derechos de cada uno de los padres que tenían concedidas medidas cautelares o sentencias firmes del 25 por ciento de castellano para sus hijos y les han sido retiradas». «No puede ser bajo ningún concepto que una administración ordene saltarse sentencias de los tribunales«, señala Losada.

La primera de las denuncias que la entidad ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dirigida contra el departamento de Educación, atañe a la retirada del 25 por ciento a una alumna de la escuela Turó del Drac de Canet (Barcelona), cuya familia fue acosada por pedir para su pequeña esa cuota de castellano. «Le hemos dicho al Tribunal que no se pueden revocar las medidas cautelares dictadas. Otra cosa serán las actuaciones directas contra ese director al margen de lo que decida el TSJC», aclara la presidenta de la AEB, Ana Losada.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, la entidad recuerda a la Generalitat que aunque apele al actual marco normativo (la ley y el decreto de ley aprobados por el Govern este verano para evitar cuotas de castellano en la enseñanza) ese marco normativo «está pendiente de revisión por parte del TC, que deberá decidir sobre si se ajusta al marco constitucional».

En el escrito, la AEB recuerda también que la eliminación de la cuota de castellano no se ajusta «al artículo 2.3 de la Ley 8/2022, que establece que la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria ha de valorar la situación sociolingüística general«. En este sentido, precisa que un 45 por ciento del alumnado del centro de Canet tienen el catalán como lengua materna. Recuerda igualmente a la Sala que »debe tener en cuenta que sigue en vigor el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística 1/1998 que dispone que: 'Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual«. Por todo ello, y teniendo en cuenta que el catalán es la lengua de uso mayoritario en el centro, la AEB pide la revocación de las medidas cautelares.

La entidad presentará también una denuncia contra el director del centro por la vía penal. «Lo denunciaremos por incumplir el artículo 410 del Código Penal», avanza la presidenta de las AEB, quien señaló que igualmente notificará a la Alta Inspección la nueva situación en Cataluña. «Le pediremos si piensa hacer algo para evitar que se revoquen dictados judiciales firmes», indicó. Losada añadió que irán presentando denuncias «a medida que conozcamos los centros donde se dejan de aplicar las sentencias».

Otras dos escuelas que han notificado a las familias con el 25 por ciento que dejarán de tenerlo son la escuela La Falguera de Vilanova del Vallés (Barcelona) y el Instituto Salvador Dalí de El Prat de Llobregat (Barcelona). En este último centro está escolarizado el hijo de Jordi López, el padre que, tal y como avanzó ABC en su edición del 2 de septiembre de 2022, se avanzó a la orden de la Generalitat y pidió amparo ante la Unión Europea (UE) para que no le «roben las cuotas de castellano» que logró para sus dos hijos, escolarizados en Educación Primaria y Secundaria. «No lo tendrán fácil conmigo», advierte Jordi. El centro en el que está escolarizado el mayor, el Instituto Salvador Dalí, ya se lo ha notificado y ha sido citado para hoy por la dirección de la escuela Jaume I de la localidad, en la que cursa Primaria su hijo menor, para, según dice, «comunicarme lo mismo».

«Tengo una rabia e impotencia encima que es difícil de explicar. Ideologías al margen, las sentencias deben cumplirse, eso es indiscutible «, señala el padre, quien advierte de que no va a permitir »que atenten contra un derecho reconocido por los tribunales para mis hijos. Voy a luchar hasta el final. No voy a consentir que una administración me lo quite por cuestiones meramente políticas«, precisa López.

También Dafne Ungerer, una madre de Castelldefels (Barcelona), tiene claro que acudirá a los tribunales si el centro en el que está escolarizado su hijo le notifica que se queda sin su proporción de castellano. «De momento no me han dicho nada... Pero si me lo comunican recurriré», dijo ayer en declaraciones a ABC. «Haré todo lo que sea necesario para mantener este porcentaje« advirtió.

En igual sentido se pronunció Dory López, otra madre que amparada por Hablamos Español (HE) pidió un 25 por ciento de castellano para su hijo. «Que no se aplique es gravísimo. La consejería actúa a saco en este tema, ya que no tiene ninguna cortapisa por parte del Gobierno», lamenta.

Consuelo Santos, la primera madre a la que la Justicia concedió un 25 por ciento hace ya doce años –diciembre de 2010–, no está dispuesta tampoco a que «bajo ningún concepto se me arrebate un derecho reconocido por los tribunales», señaló en un encuentro con este diario y envió un mensaje a la Generalitat: «A golpe de decretazos para saltarse lo que dicen los jueces, lo único que va a conseguir es que el catalán se convierta en una lengua antipática para muchos catalanes que la usábamos de forma natural».

En total son 27 los centros en Cataluña que aplican un 25 por ciento de castellano en alguna de sus aulas y que dejarán de aplicarlo si acatan la orden del consejero catalán. La AEB anunció ayer que denunciará al consejero Cambray, a la Secretaría General de Educación y a todos los directores que eliminen el 25 por ciento concedido en sus centros. «Lo que concede un juez no lo puede retirar una administración», insistió Losada, y recordó a las direcciones de los centros que «la Fiscalía ya ha indicado que les considera responsables de los proyectos lingüísticos vigentes en sus centros».