La enésima doble vara de medir de Colau, ahora con el caso Pegasus

La sesión de este viernes ya se preveía tensa desde hace días, después de que varias formaciones municipales intentaran llevar al pleno por su cuenta medidas relacionadas con el caso Pegasus . En concreto, ERC apostó por un pleno extraordinario con una declaración institucional, algo que prosperó después de que lo pactaron directamente con los comunes. Junts, que a priori tendría que haber ido de la mano de los republicanos por estar afectados por igual por la causa, impulsó una medida propia descontentos con los planes de ERC, que veían muy políticos pero poco efectivos. El PSC, a pesar de estar en el gobierno con Colau, acudía al pleno con otra proposición no planteada en el seno del gobierno municipal.

Durante el pleno extraordinario, Ernest Maragall, líder de ERC y uno de los dos concejales municipales espiados, y Jordi Martí, portavoz de los comunes, han tenido discursos en los que el contenido de la declaración institucional ha quedado claramente en segundo plano por culpa de los reproches. Primero, el republicano ha acusado duramente al Estado por el caso de espionaje, que ha dicho que es « el Watergate de Nixon pero multiplicado por 60 o no sabemos por cuánto más«, y por su respuesta.

Poco después, Martí ha empezado exigiendo «transparencia absoluta y asunción de responsabilidades» para acto seguido lanzar un ataque a los republicanos por su «voto incomprensible» en contra del decreto de medidas anticrisis del Gobierno. Así, ha recordado que el plan aprobado era «para la gente, no para el gobierno» y ha criticado que ERC «no puede olvidar nunca que uno de sus objetivos es mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos». «Ustedes habían empezado a hacer política en mayúsculas», ha añadido Martí en alusión a su apoyo a las medidas sociales municipales y en contraposición con la postura de Junts, «y espero su retorno a esta política en mayúsculas».

El PSC ha defendido durante su turno que se trabaje con «la máxima transparencia y celeridad» para resolver el caso y ha mostrado su apoyo a la investigación. «Si el objetivo es investigar estaremos allí a primera línea. Ahora, si lo que quieren es marcar perfil, hacer una campaña de victimización y atacar a España no nos encontrarán a su lado», ha asegurado la portavoz socialista, Laia Bonet. Su formación no ha apoyado la declaración institucional pero ha retirado a última hora ha retirado su propuesta sobre el espionaje del pleno: «No queremos que este debate secuestre el pleno», ha sentenciado Bonet.

Durante el debate, además, Elsa Artadi, la líder de Junts y la otra espiada por Pegasus, ha tenido una intervención muy crítica con el Gobierno central y también con el PSC. Así, tras defender que «soy independentista, no terrorista», ha considerado un «escándalo» la postura de Pedro Sánchez y ha afeado al líder del PSC, Jaume Collboni, que si su formación no hace nada «seréis responsables de esta vulneración masiva de derechos. Solo tenéis una decisión a tomar: o estáis por la investigación y complicidad, o estáis por la represión». También ha considerado «lamentable» la postura de Colau por no haber sido más contundente con el caso, que cree que «ha puesto en riesgo las comunicaciones del Ayuntamiento».

Los partidos constitucionalistas, por su parte, han coincidido en lamentar que una vez más el pleno municipal se aproveche para hablar de cuestiones que no atañen específicamente a la ciudad. Desde Cs, Luz Guilarte, ha lamentado que su grupo ha intentado sin éxito celebrar sesiones extraordinarias sobre la inseguridad, la limpieza, el estado de la ciudad o las imputaciones de la alcaldesa. «Vengan aquí a hablar de Barcelona y no de sus guerras partidistas», ha espetado.

Por su parte, Josep Bou, líder del PP en Barcelona, ha clamado porque «ninguna persona sea víctima de espionaje o de persecución por sus ideas» y ha incidido específicamente en la libertad frente a las opiniones personales. «Otra cosa es que a partir de las ideas se hagan según qué acciones», ha añadido.

Además, especialmente vehemente ha sido Eva Parera, líder de Valents, que ha considerado que el debate era «un ejercicio de cinismo, sobre todo de los partidos independentistas». Así, ha recordado los episodios relacionados con el 1-O, como las acciones de los CDR, los cortes de autopistas o de El Prat y su uso partidistas de las instituciones y ha asegurado que por todo esto «evidentemente se los tiene que controlar, porque las democracias también se defienden desde los centros de inteligencia». «Miembros del Tribunal Supremo y señores del CNI: por supuesto que tienen que controlar y vigilar a quienes amenazan con romper el Estado de derecho», ha clamado.

La proposición, finalmente, ha prosperado con los votos a favor de BComú, ERC y Junts. El resto de formaciones han votado en contra, por lo que una vez más, el pleno ha visto como los socios de gobierno rompen su unidad de voto.