Colau reactiva este martes el veto al coche contaminante en Barcelona pese al Covid

La ZBE, en realidad, está vigente desde el pasado 1 de enero, aunque será este 15 de septiembre cuando empezarán a multarse los vehículos más contaminantes que pisen la ciudad de lunes a viernes y entre las 7 y 20 horas. Las controvertidas sanciones debían estrenarse en abril pero el estado de alarma por el coronavirus frenó su puesta en marcha hasta este lunes.

A pesar de las campañas reiteradas del gobierno de Ada Colau por impulsar proyectos contra la contaminación en Barcelona, son muchos los que no entienden la prisa por empezar a sancionar y que esto llegue cuando la pandemia sigue tan presente y muchos ciudadanos todavía sufren las secuelas económicas de esta crisis sanitaria. Los autónomos y pequeños empresarios como albañiles, electricistas o fontaneros, por ejemplo, son usuarios habituales de furgones antiguos y de transporte privado por la ciudad por cuestiones laborales, los vehículos vetados, y son a la vez colectivos duramente castigados por el Covid.

Ignorando esa realidad, el Área Metropolitana de Barcelona, los cinco ayuntamientos implicados y la Generalitat argumentan que el despliegue de las multas se reactiva «para evitar volver a los altos niveles de contaminación de antes de la crisis sanitaria e intentar prevenir así enfermedades asociadas a la mala calidad del aire». Las autoridades locales estiman que durante el confinamiento se redujo en un 43% el NO2 y el 21% las partículas PM10 y se siguen aferrando a la cifra de que al año en Barcelona mueren unas 350 personas por culpa de la polución.

Igualmente, recuerdan, en un intento de acercarse a los afectados, que los autónomos con rentas bajas así como las furgonetas, camiones, buses y autocares tienen una exención temporal de multas «atendiendo a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la crisis del Covid-19». A pesar de esta consideración, lo cierto es que la moratoria inicial era de un año a partir del momento en que se activaran las multas (el 1 de abril) y, a pesar delretraso de las multas, seguirá siendo en abril de 2021 para autónomos y furgones. Camiones tendrán margen hasta julio de 2021 y buses y autocares, hasta enero de 2022.

Más allá de ellos, todos los vehículos tendrán una especie de «bono» de diez días en los que les estará permitido circular en las franjas vetadas. Los incumplimientos tendrán unas sanciones mínimas de 100 euros, que pueden ampliarse hasta los 500 en casos más graves. Solo en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, funcionarán 70 cámaras y también habrá 27 vehículos de la Guardia Urbana persiguiendo a los infractores a partir de las matrículas y las pegatinas ambientales.

Con estas condiciones de base, la medida sigue generando controversia entre partidarios y detractores. La plataforma vecinal Eix Respira, que lucha por la situación ambiental de Barcelona, aplaude que llegue el momento y recuerda que «la contaminación no es solo un problema de movilidad, sino que lo es de salud pública».

En el otro extremo están quienes, por encima de las cuestiones ambientales, lamentan que los primeros perjudicados con la ZBE son las familias con ingresos más bajos, que ahora todavía tendrán más dificultades para renovar sus vehículos y ven la medida totalmente «indiscriminada». También critican que las restricciones no lleguen acompañadas de ninguna mejora en el transporte público ni de ninguna apertura, ni obra anunciada, de «park&ride» en los accesos de la capital.

Los detractores, con todo, sufrieron un revés hace poco más de un mes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó las demandas contra la normativa que sustenta la ZBE presentadas por la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros y la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias. La resolución judicial avaló la medida porque, por encima de otros motivos, cree urgente actuar frente a la contaminación por cuestiones de salud.

Por el contrario, este lunes, un día antes de la puesta en marcha del régimen sancionador, ha salido a la luz un estudio de la Comisión de Cambio Climático y Economía Circular realizado por Ingenieros Industriales de Cataluña que cuestiona que la ZBE sea suficiente para reducir la contaminación de Barcelona.

El informe remarca que, a pesar de que con el confinamiento y la bajada drástica de la movilidad los niveles contaminantes cayeron sustancialmente, las condiciones climáticas tienen una gran incidencia en la polución en Barcelona, por lo que se concluye que hacen falta medidas todavía más ambiciosas.